20 de septiembre (Urgente.bo).- Comunidad Ciudadana (CC) en la Cámara de Diputados observó el proyecto de Ley Contra la Legitimación de Ganancias Ilícitas e indicó que son nueve los sectores obligados a reportar transacciones sospechosas, sin límite inferior al monto.
El diputado y jefe de bancada en Diputados de la alianza Carlos Alarcón lamentó que, una vez más, el Movimiento Al Socialismo (MAS) intente usar una norma para reprimir al pueblo. Explicó que los sujetos obligados son: los que se dediquen a actividades financieras, comerciales, compra y venta de inmuebles y autos, hoteleras, servicios de turismo y agencias de viaje, construcción de carreteras, transporte aéreo, servicios educativos y de formación, asociaciones civiles, ONG y fundaciones. Además de, organizaciones religiosas y de creencias espirituales.
“La ley les impone informar de oficio a la UIF cuando en sus actividades detecten indicios de lavado de dinero con independencia del monto involucrado en la operación o actividad”, indicó el legislador del CC en conferencia de prensa.
“Esta ley es uno de los peldaños para la Constitución del Estado policiaco que intenta el gobierno del MAS, donde la represión es la regla y el ejercicio de los derechos, la excepción. Conlleva un gravísimo riesgo para las actividades financieras comerciales y civiles por los poderes extraordinarios de investigación o sanción que confiere a la UIF, Fiscalía, Ministerio de Justicia y Procuraduría General del Estado”, acotó Alarcón.
La Legitimación de Ganancias Ilícitas (LGI) es, en general, el proceso de esconder o disfrazar la existencia, origen, movimiento y el destino de bienes o dinero producto de actividades ilícitas o criminales, tales como el tráfico de drogas, tráfico y venta ilegal de armas, corrupción, fraude fiscal, contrabando.
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