22 de febrero (Urgente.bo).- Desde hace unos días, el presidente de Nicaragua, Daniel Ortega, está en la tarea de despojar de su nacionalidad a opositores nicaragüenses y les señala de “traidores a la patria”, como parte de la sistemática acción contra la disidencia y oposición política. En Bolivia, diputados del Movimiento Al Socialismo (MAS), discrepan con las decisiones que se toma en el país centroamericano. Los de la corriente arcista y los de la evista tiene posturas diferentes y hay incluso la idea de considerar el acoger a los disidentes.
“Bolivia es un país soberano, no podemos referirnos a otro país porque no vivimos, no sabemos lo que en realidad está sucediendo. En Nicaragua hay una posición política que fue tomando el presidente, nosotros en Bolivia vivimos otra coyuntura y otra situación”, manifestó la diputada del MAS, Deisy Choque.
Por su parte, el diputado del MAS, Héctor Arce, indicó que si la vida de estos ciudadanos corren riego, es la obligación de los demás países brindar un asilo, así también indicó que si hay una posibilidad de brindar apoyo a estos ciudadanos, se prestará una colaboración.
“Por un tema de tratados y convenios internacionales, si la vida de un ciudadano corre riesgo, los otros países están en la obligación de darles asilo y seguridad o toda colaboración que hagan está muy bien. Nuestro Gobierno es solidario (…) si hay esa posibilidad (de apoyar), tenemos que prestar la colaboración a otros ciudadanos en cumplimiento a estos tratados y convenios internacionales”, explicó Arce.
Recientemente, el presidente de Chile, Gabriel Boric, tomó la decisión de ofrecer la nacionalidad y residencia en ese país a estos ciudadanos despajados de su nacionalidad. Autoridades de Argentina analizan en tomar la misma decisión.
En pasadas semanas, el magistrado presidente del Tribunal de Apelaciones de la Circunscripción Managua, Nicaragua, Ernesto Rodríguez Mejía, hizo la lectura de la sentencia donde despoja de su nacionalidad a 94 nicaragüenses.
Entre los despojados se encuentran escritores internacionalmente reconocidos, periodistas, directivos de medios de comunicación, religiosos, defensores de derechos humanos, exfuncionarios públicos y excompañeros de lucha de Ortega.
"(…) téngase a los acusados como traidores a la patria, por lo que se les impone las penas accesorias de inhabilitación absoluta y especial para ejercer cargos públicos, ejercer la función pública, en nombre o al servicio del Estado de Nicaragua, así como ejercer cargos de elección popular y la perdida de sus derechos ciudadanos de forma perpetua, respectivamente (…)", leyó el funcionario.
Además, al menos 15 personas han sido condenadas en los últimos días por jueces del régimen de Ortega a “pérdida” o “inhabilitación perpetua de sus derechos ciudadanos”, para los opositores de ese Gobierno.
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