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El Procurador General del Estado (ABI)
La Paz, 19 de junio (Urgentebo).- El ministro de Justicia, Héctor Arce, aseguró este lunes que los nueve bolivianos detenidos en la cárcel del Pozo Almonte desde el 19 de marzo por luchar contra el contrabando no aceptarán la comisión de los delitos por los que se los acusa. Mañana, los coonacionales se someterán a un juicio abreviado ante la juez de Pozo Almonte, Isabela Peña.
La Fiscalía de Tarapacá acusó a los siete funcionarios de la Aduana Nacional y dos militares de los delitos de robo con intimidación, contrabando y portación ilegal de armas.
“Ellos no han reconocido en ningún momento ninguna culpabilidad, jamás lo vamos a hacer”, manifestó Arce a su salida de Palacio de Gobierno.
El Ministro de Justicia reprochó, otra vez, que Chile no haya intentando solucionar este problema por la vía diplomática. Además dijo no tener confianza en la justicia chilena ya que se vulneró aspectos como la presunción de inocencia y el debido proceso
“Ellos van a defender su inocencia en un campo y en un terreno en el que nosotros no tenemos confianza porque lamentablemente han habido una serie de acciones de parte del Gobierno chileno que han violado el principio de inocencia y debido proceso, y otros elementos fundamentales", precisó la autoridad boliviana.
En caso del que el fallo de Pozo Almonte sea contrario al que quiere Bolivia, el ministro boliviano advirtió con una impugnación y denuncias ante organismos internacionales. “Bolivia ha pensado y ha salido siempre airosa. Logró aclarar ante la comunidad internacional tremendas injusticias. Más allá del resultado, Bolivia siempre impugnará este hecho que se ha consumado, que es indebido e injustificado”.
Hoy, se cumple tres meses de la detención de los compatriotas en la cárcel chilena.
El 14 de junio, ante el Pleno de la Organización de Estados Americanos (OEA), Héctor Arce denunció los hechos de tortura que carabineros cometieron contra los nueve detenidos. Recalcó que Bolivia no está en guerra con Chile.
Por su parte, en la misma sede ubicada en Washington- Estados Unidos (EEUU), el canciller Fernando Huanacuni denunció actos de discriminación contra los familiares de los compatriotas.
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