13 de septiembre (Urgente.bo).- Tras la explosión registrada en un regimiento militar de Viacha, que dejó nueve personas fallecidas y cinco desaparecidas hasta la fecha, el abogado y exdefensor del Pueblo, Waldo Albarracín, sostuvo que las responsabilidades deben ser investigadas por la justicia penal ordinaria y no por la jurisdicción militar, debido a la naturaleza de los hechos.
Albarracin explicó que la vía militar esta destinada a procesar delitos de naturaleza militar cometidos por miembros de las Fuerzas Armadas, mientras que los incumplimientos relacionados con el manejo y destrucción del material explosivo que se almacenaba en Viacha, corresponden a delitos contemplados en el código penal vigente.
“No puede haber una investigación paralela en una instancia militar, así sean militares, porque la omisión en la que han incluido la transgresión o el delito es de la organización civil. Ahí sigo manejando el pedido, que no son delitos propiamente o exclusivamente militares, que están tipificados en el propio Código Penal Militar”, dijo Albarracín a Urgente.bo.
El jurista enfatizó en que el hecho de que una persona pertenezca a las Fuerzas Armadas no significa que automáticamente deba ser procesado por la jurisdicción militar. Para que corresponda esa vía el delito debería tener una naturaleza estrictamente militar y estar contemplado en el Código Penal Militar.
“En este caso, tiene que aplicar el Código Penal vigente en Bolivia, porque es los delitos de incumplimiento de deberes, y demás que están en previsión del Código Penal, que dice para todos los bolivianos”, señaló el experto.
En ese sentido, Albarracín remarcó que los efectivos militares que están siendo investigados en el caso, deben responder ante la justicia ordinaria. Además, señaló el principio jurídico de que “la jurisdicción mayor arrastra a la menor”. Debido a esto las investigaciones y las sentencias correspondientes debe darlas el Ministerio Público.
“Hay una responsabilidad penal no solo de incumplimiento de deberes, sino también, de alguna manera, una responsabilidad indirecta de las muertes suscitadas, pero obviamente eso ya lo realizará con mayor rigurosidad el Ministerio Público”, sostuvo.
Al respecto, el exdefensor del Pueblo manifestó que no solamente debería acusarse al exministro Edmundo Novillo, sino también a los altos mandos militares que ejercían sus funciones desde que se promulgó la norma que regula el control y destrucción del material explosivo.
"Todas las autoridades, ya sea el comandante del Ejército o los comandantes del Ejército que estaban en vigencia y hacia adelante ejercieron funciones, no cumplieron esta tarea”, enfatizó.
