Los abogados del gobernador del departamento de Potosí, Jhonny Mamani, pidieron la aprehensión del director de Radio Fides Potosí, Germán Vidaurre, porque no se presentó como testigo en un juicio por difamación abierto por la autoridad regional contra el asambleísta Oswaldo Flores.
El pedido ocurre días después que el propio Gobernador asumió el compromiso de eliminar toda restricción al trabajo periodístico en la capital del departamento de Potosí.
Según el reporte del diario El Potosí, Mamani abrió proceso contra el asambleísta Flores debido a sus constantes declaraciones de prensa sobre la presunta corrupción en el intento de compra de 41 ambulancias.
Flores atribuyó el interés de enjuiciarlo con el propósito de limitar su derecho a informar sobre el caso de las ambulancias y la fiscalización en otros actos del Gobernador.
El periodista Vidaurre respondió al mandamiento de comparendo a través de un memorial en el que se excusa en cumplimiento de la Ley de Imprenta que protege el secreto de fuente informativa, y el artículo 197 del Código de Procedimiento Penal.
El juez Jhonny Buhezo consideró insuficientes a los argumentos del periodista y volvió a emitir una citación.
LA REACCION DE LOS PERIODISTAS Y MEDIOS
La Asociación Nacional de Periodistas de Bolivia (ANPB) y la Asociación de Periodistas de Potosí (APP), expresamos nuestra protesta ante la permanente vulneración de la libertad de prensa y del derecho de acceso a la información pública, así como ante la judicialización de la labor periodística por parte de autoridades estatales del departamento de Potosí.
"Denun
La solicitud de aprehensión fue interpuesta a pesar de que el periodista se excusó de declarar arguyendo que no podía oficiar de testigo porque violaba el secreto de fuente que está protegido por la Ley de Imprenta.
"Por otra parte, repudiamos la vulneración del derecho de libre acceso a la información pública por parte del presidente ejecutivo de la Comibol, Marcelino Quispe, que el pasado 5 del presente increpó al periodista Marvin Valda, del diario El Potosí, y se negó a responder respecto a las acciones que su despacho tiene previstas para evitar el colapso del Cerro Rico de Potosí", añade.
"La ANPB y la APP, repudiamos la conducta de dichas autoridades estatales que, en su función pública, tienen la obligación de respetar la normativa nacional e internacional que protege la libertad de prensa.
"Denunciamos que el intento de judicialización de las y los periodísticas es una práctica recurrente con la que se pretende silenciar al periodismo y, asimismo, evitar la fiscalización de las acciones del Estado para transparentar la gestión pública.
"Reafirmamos que no cederemos ante las constantes amenazas a nuestro trabajo periodístico y que continuaremos en la tarea de luchar contra la cultura del secreto que intentan imponer algunas autoridades estatales como parte de su práctica cotidiana", continua el comunicado.
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