16 de abril (Urgente.bo)- Este jueves se cumple 17 años del caso terrorismo, cuando se ejecutó a Eduardo Rozsa, Michael Dwyer y Árpád Magyarosi en el Hotel Las Américas. De acuerdo al abogado de las víctimas, Gary Prado, el caso no ha terminado, ya que se está a puertas de abrirse un juicio contra el Estado boliviano ante el Sistema Interamericano. Con esto, incluso el expresidente Evo Morales podría enfrentar responsabilidades.

Situación del caso

Prado indicó a Urgente.bo que el caso del terrorismo en Bolivia se cerró en una causa juzgada y archivada, porque el 2020, el Ministerio de Gobierno decidió retirar su acusación particular, y el Ministerio Público, sin presión, porque no tenía procedibilidad del caso, también decidió retirar su acusación fiscal.

Expuso que, con estos retiros, el Tribunal de Juicio decidió una sentencia absolutoria en contra de todos los procesados. Según Prado, porque durante los 11 años de este proceso (2009-2020), no se pudo probar los hechos alegados.

“Nunca se pudo probar que los encausados hubieran participado de actos de terrorismo o de un alzamiento armado, que eran los 12 hitos que se habían acusado ante la justicia ordinaria”, dijo Prado.

Expuso que, durante ese lapso, el Gobierno se anotó al menos seis juicios abreviados de personas que, estando privadas de libertad más del tiempo establecido, decidieron acudir al sistema de juicio abreviado, declarándose culpables para salir de la cárcel.

Mientras que los otros acusados no aceptaron las ofertas de juicio abreviado y siguieron defendiendo su inocencia. Finalmente, el Ministerio de Gobierno y el Ministerio Público decidieron retirar sus acusaciones, lo que dio lugar a la absolución.

Posibles juicios contra el Estado boliviano y responsabilidades para Evo

No obstante, Prado sostuvo que el caso no ha concluido, ya que, durante la “etapa de investigación y durante la etapa de juicio se cometieron muchas violaciones a los derechos humanos de las personas”. 

Estas personas decidieron acudir al Sistema Interamericano de Protección de Derechos Humanos, que está conformado por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.

En una primera petición colectiva se tiene a cinco víctimas: la madre de Michael Dwyer, ciudadano irlandés asesinado en el hotel Las Américas; Mario Tadic (croata boliviano) y Elod Toaso (húngaro), quienes sobrevivieron al ataque en el hotel; y Juan Carlos Guedes y Alcides Mendoza (ciudadanos bolivianos), quienes fueron detenidos días después del operativo y fueron encarcelados por más de una década.

Prado indicó que estas cinco primeras víctimas tienen una petición colectiva. El caso se agotó en su etapa de solución amistosa con la Procuraduría General del Estado, y está a puertas de abrirse un juicio contra el Estado boliviano ante el Sistema Interamericano, en la Corte Interamericana de Ejercicio en San José de Costa Rica, este 2026.

Expuso que, una vez que dicho juicio obtenga una condena, que es muy probable, el Estado boliviano tendrá que reparar a las víctimas los daños y además juzgar a los responsables de dichas violaciones.

Por otro lado, sostuvo que hay otras 8 personas que acudieron al Sistema Interamericano con peticiones y que están a pasos de que la Comisión emite informes de fondo, y con ello se abran otros ocho procesos más contra el Estado boliviano. 

De acuerdo a Prado, “Evo Morales puede ser juzgado y responder por la probable comisión del delito de ordenar un allanamiento ilegal”, ya que públicamente declaró, hace 17 años, en Cumaná, Venezuela, que él ordenó la realización del operativo en el Hotel Las Américas.

“El operativo es un allanamiento ilegal, está penado en el Código Penal. No se puede allanar un domicilio de noche, no se lo puede hacer sin presencia de un fiscal y menos sin una orden de un juez (…) queda claro por confesión del propio Evo Morales que él ordenó el operativo. Ese operativo ilegal tiene una sanción penal”, explicó.

En ese sentido, el autor intelectual del delito es Evo Morales. También participó Álvaro García Linera porque fue a través de él que se transmite la orden y de Alfredo Rada, que era ministro del Gobierno.

Tadic y Toaso, fueron sometidos a torturas, a golpes, a vejaciones. Tadic, perdió dos piezas dentales y le rompieron costillas, al igual que Toaso. Prado expuso que esas vejaciones y torturas son otros delitos, y por lo tanto, quienes hayan sido responsables de esas violaciones merecen otra sanción penal.

Más delitos

Prado sostuvo que después vinieron las difamaciones y calumnias contra las víctimas, quienes fueron acusados de terrorismo y que tenían intenciones magnicidas, etc. El derecho a la presunción de inocencia y a la dignidad personal de estas personas fue violentado.

“Ahí hay otra sanción penal, corresponde otro proceso por esas difamaciones y esas calumnias que propagó la Vicepresidencia del Estado, a manos o bajo la responsabilidad de Álvaro García Linares”.

Prado dijo además que todo ocurrió en Santa Cruz, sin embargo, el gobierno decidió que sean jueces de La Paz quienes realicen la etapa de investigación y la etapa de juicio oral, cometiendo una violación de garantías constitucionales.

“También se ha cometido otro delito, también debe haber otro proceso. Para cada uno de los delitos puede haber distintos procesos y distintas personas responsables. Eso ocurrirá después de que la Corte Interamericana condene al Estado por las violaciones de derechos humanos y le ordene, sobre la base de esta sentencia, llevar a juicio a las personas que hayan violentado estos derechos humanos”.