12 de diciembre (Urgente.bo).- Esta semana, el vicepresidente Edmand Lara pidió al Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP) que, por “humanidad”, reponga la aplicación de la Ley de Diferimiento de Créditos.
El abogado constitucionalista Marco Antonio Baldivieso afirmó que esta ley continúa en vigencia desde el día de su publicación en la Gaceta Oficial y que solo podría suspenderse mediante una resolución o medida cautelar, que hasta el momento no existe.
“La ley se supone que está vigente desde el día de su publicación en la Gaceta Oficial. Solamente se podría interrumpir la vigencia de la norma a través de una resolución, y la resolución necesariamente emerge de una resolución judicial que puede ordenar el diferimiento expreso y específico, o el mismo órgano que pueda emitir otro tipo de decisiones, pero desconozco de alguna resolución de ningún Tribunal de Garantías”, dijo Baldivieso a Urgente.bo.
Esta normativa (1670) fue promulgada por el expresidente Luis Arce tras pasar el filtro de la Asamblea Legislativa Plurinacional (ALP). La norma plantea seis meses de diferimiento en el pago de créditos de microempresas y viviendas de interés social, además de la suspensión de embargos, debido a la situación económica.
La norma es rechazada por los bancos; el 11 de noviembre de este año, un parlamentario de la alianza Unidad presentó una acción de inconstitucionalidad abstracta, solicitando que el Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP) declare inconstitucional la citada ley, promulgada en los últimos días del gobierno de Arce.
Urgente.bo reveló que dos magistradas autoprorrogadas del TCP admitieron el pedido del parlamentario Reyes. Lo que ocurrió es que el mismo día que decidieron cesar en sus funciones, cambiaron de opinión y retiraron la firma a la ley, que mantiene en vilo al sistema bancario nacional y a los prestatarios afectados por la crisis económica.
“Esta norma estaría suspendida, si es que existe esa resolución (…) no nos olvidemos que el Tribunal ahora está con cuatro magistrados, al 50% de su capacidad, y ni siquiera se ha resuelto todavía el tema de la competencia de estos cuatro magistrados”, subrayó el jurista.
Desde el sector de microempresarios señalaron que “estamos ya a la espera de que de una vez la ley se cumpla. Vamos a exigir su estricto cumplimiento porque una ley no puede estar por debajo de un amparo. No vamos a permitir que la ley sea suspendida”, resaltó Helen Daza, presidenta de la Confederación Nacional de la Micro y Pequeña Empresa de Bolivia (Conamype).
“Pido al TCP que permita restablecer la plena vigencia de la ley. En lugar de proteger, esta medida terminó afectando justamente a quienes la Constitución manda a defender de manera prioritaria”, dijo Lara.
