En base a información obtenida de la Autoridad de Fiscalización y Control de Pensiones y Seguros (APS) al 2do trimestre 2025, las inversiones del Sistema Integral de Pensiones (SIP) llegaron a un monto de Bs. 192.830 millones, equivalente a $us. 28.109 millones. De esa cartera de inversiones el 63% esta invertido en el sector público y el 37% en el sector privado.
La mayor parte de la cartera de inversiones del SIP esta invertida en activos financieros de "bajo riesgo". El 22,66% esta invertida en instrumentos con calificación "AAA". el 16,55% con calificación "AA1", el 7,38% con calificación de riesgo “AA2”, el 3,88% en instrumentos con calificación de riesgo “AA3”. Sin embargo, el 36,3% esta invertida en deuda soberana.
El 94% de la cartera de inversiones del SIP esta en moneda nacional, el 5% en dólares americanos. El resto esta UFV's y otros como los MVDOL.
Durante el segundo trimestre de la gestión 2025 las inversiones realizadas por SIP, se observa que el 48,78% se invirtió en Depósitos a Plazo Fijo, el 30% en Bonos del Tesoro General de la Nación (TGN), el 8,52% en Cuotas de Participación FIC, el 3,29% en Bonos de Largo Plazo, el 2,79% en Cupones de Bonos y el restante 6,22% se invirtieron en otros instrumentos. Se estima que el SIP solo tiene recursos de "alta liquidez" por un valor aproximado de 313 millones de dólares.
Se recuerda, con datos oficiales, que existe aproximadamente 2,8 millones de personas afiliadas al Sistema Integral de Pensiones (SIP), donde el 61% son hombres y el 39% son mujeres. De los cuales el 88% son dependientes y un 12% son independientes.
En el mes de octubre de 2025 el SIP recaudo Bs. 1.169.296.118, un poco más de 170 millones de dólares al tipo de cambio oficial. Esta recaudación ha crecido en un 9% respecto al mes de octubre de 2024.
Recientemente hubo un polémica entre autoridades nacionales vigentes y anteriores sobre el uso y destino de los recursos del SIP administrados por la Gestora Pública, por lo que se vio por conveniente compartir estos datos oficiales. Lo cual no quiere decir que no se deban hacer las auditorías y estudios financieros correspondientes para determinar cual fue el uso real de los recursos recaudados mensualmente de los trabajadores y aportantes del país, y si el mismo fue eficiente a favor de los mismos.
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