19 de noviembre (Urgente.bo).- El investigador y consultor en Agua y Medioambiente, José María Herbas, presentó documentación que, según afirmó, evidencia la presunta injerencia de la diputada Claudia Bilbao y el senador Nicanor Cochi en la contratación de personal de la Empresa Pública Social de Agua y Saneamiento (Epsas), donde ambos parlamentarios figuran como respaldos de funcionarios en una lista de 21 cargos de la Gerencia Regional de El Alto.
Entre los documentos expuestos se encuentra una planilla denominada “Lista para el Trámite de Contratación de Personal”, en la que aparece una columna titulada “respaldo”, donde Cochi figura como “padrino” de 15 contrataciones y Bilbao de otras seis.
“En esta lista se puede evidenciar claramente que no se trataba de simples recomendaciones, sino de un reparto de cuotas de poder. Estamos hablando de 21 cargos estratégicos en la Regional de El Alto”, señaló el investigador.
La documentación presentada por Herbas también hace referencia a presuntas contrataciones irregulares durante la gestión del exgerente regional Germán Fernández Villcarana. Según informes remitidos por el interventor de Epsas, Édgar Landívar, a la Defensoría del Pueblo, algunas personas habrían desempeñado funciones sin contar con contratos firmados, memorándums de designación ni figurar en las planillas de la empresa.
Uno de los casos mencionados es el de Wara Aracely García Bilbao, quien habría firmado documentos y utilizado un sello como “Supervisora de Obras”. Herbas indicó que la documentación adjunta a su currículum acredita que es sobrina de la diputada Claudia Bilbao.
Otro caso corresponde a Juan Carlos Quisbert Salazar, quien, de acuerdo con formularios de reconexión y hojas de ruta de febrero y marzo de 2026, habría firmado como “Oficial ATU” y “Supervisor ATU”, atendiendo reclamos e instruyendo devoluciones económicas a usuarios, pese a que no tendría vínculo contractual con Epsas.
Herbas recordó que estas denuncias fueron expuestas en marzo de 2026, cuando trabajadores de Epsas protagonizaron movilizaciones en El Alto contra el presunto cuoteo político y las irregularidades en la contratación de personal.
El 12 de marzo, el Sindicato Único de Trabajadores de Agua de La Paz (SUTAS-La Paz) emitió un voto resolutivo en el que declaró persona no grata al entonces gerente regional Germán Fernández, por presuntamente impulsar un “cuoteo político a favor de la diputada Claudia Bilbao”. También expresó su rechazo a la incorporación de la sobrina de la legisladora y de otros funcionarios recomendados.
Recientemente, Bilbao negó tener funcionarios recomendados y a un familiar directo ocupando cargos en dicha institución y que el trabajo que realizó fue de fiscalización. Sin embargo, Herbas sostuvo que las pruebas documentales contradicen la versión de la legisladora.
De acuerdo con el investigador, estos antecedentes permiten establecer que las denuncias sobre la injerencia política en la empresa ya habían sido advertidas antes de que el caso cobrara mayor repercusión pública, a raíz de la filtración de un audio entre el exasesor Fernando Cerimedo y el ministro Óscar Mario Justiniano, en el que se mencionaba el reparto de cargos en Epsas.
El investigador sostuvo que la participación de legisladores en la designación de personal de entidades públicas podría exceder sus atribuciones constitucionales de fiscalización y derivar en posibles responsabilidades penales.
En ese sentido, mencionó los presuntos delitos de tráfico de influencias, uso indebido de influencias, nombramientos ilegales y usurpación de funciones, previstos en los artículos 146, 150 bis, 157 y 163 del Código Penal.
Herbas consideró que el Ministerio Público debe investigar de oficio los hechos denunciados y revisar la documentación presentada, al tratarse de posibles irregularidades en la administración de una empresa estatal.
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