Romer Saucedo anunció que había abandonado Bolivia para salvar su libertad y su vida. El presidente del Tribunal Supremo de Justicia se declaró perseguido por un gobierno al que acusa de fabricar pruebas, someter a los jueces y hasta recurrir al sicariato para eliminar adversarios. Un relato estremecedor que, sin embargo, adquiere otra dimensión al conocerse que un día antes de su anuncio la Fiscalía había emitido una orden de aprehensión en su contra por presunto narcotráfico y organización criminal.
Quien no cree en coincidencias podría recordar que hace apenas un mes el Fiscal General interino, José Armando Urioste, denunció que el sistema informático ROMA había sido penetrado por personas vinculadas al crimen organizado, capaces de enterarse anticipadamente de las decisiones de fiscales y jueces que debían permanecer en reserva. La pregunta es inevitable: ¿alguien advirtió a Saucedo de lo que se preparaba en su contra?
Su partida ocurre después de las detenciones del exfiscal general Róger Mariaca y de otros funcionarios del Ministerio Público, investigados por presuntas vinculaciones con organizaciones criminales. Por si fuera poco, Laura Rojas señaló a Saucedo como propietario de las 32 maletas ingresadas irregularmente al país, mientras el exjuez Hebert Zeballos atribuyó su presunta protección al entonces fiscal general Mariaca. Urioste asegura que el caso está prácticamente esclarecido.
No estamos ante un escándalo más de los que suelen ocupar unos días los titulares para luego desaparecer. Las investigaciones están llegando a las más altas autoridades de una justicia cuya corrupción ha dejado de sorprendernos.
Saucedo fue preseleccionado por la anterior Asamblea Legislativa mediante un procedimiento cuestionado, reflejo de la degradación que había alcanzado el Órgano Judicial. Su elección popular no borra esos antecedentes. Recibió un mandato para ejercer el cargo, no inmunidad para responder por sus actuaciones.
En abril fue asesinado Víctor Hugo Claure, decano del Tribunal Agroambiental. Saucedo sostiene que detrás de ese crimen existen intereses corruptos y complicidades de personas vinculadas al poder. Si conoce hechos que permitan sostener semejante acusación, tiene la obligación de revelarlos. Lo que no admite explicación es que el asesinato de una autoridad judicial continúe sin un esclarecimiento público de sus motivaciones y eventuales autores intelectuales.
El problema no se resuelve identificando y deteniendo a algunos integrantes de una organización criminal dedicada a proteger narcotraficantes. La corrupción judicial ha extendido sus tentáculos mucho más allá. Está presente cuando una sentencia tiene precio, cuando un fiscal decide a quién investigar y a quién proteger, cuando un expediente se extravía oportunamente o cuando la detención preventiva se utiliza para doblegar a quien todavía no ha sido condenado.
Los investigados por sus presuntos nexos con el crimen organizado no son los únicos que pagan tributo a la extorsión judicial. La padece también el ciudadano que reclama una deuda, el propietario que defiende su patrimonio o quien descubre que tener la razón y la ley de su parte no es suficiente para ganar un juicio.
El último informe del World Justice Project coloca a Bolivia en el penúltimo lugar del mundo en justicia penal y entre los últimos de América Latina y el Caribe en justicia civil y ausencia de corrupción. No es una revelación. Es la confirmación estadística de lo que los bolivianos experimentamos cuando tenemos la desgracia de necesitar justicia.
Rodrigo Paz heredó este sistema después de dos décadas en las que el masismo convirtió a buena parte de la administración judicial en un instrumento del poder político. Nadie puede atribuirle su creación. Pero al cumplir un año de gobierno, la reforma sigue pendiente. Las investigaciones y detenciones posteriores a la caída de Mariaca pueden ser importantes, incluso decisivas, pero no modifican por sí solas las instituciones que hicieron posible semejante degradación.
La recuperación económica también depende de lo que ocurra en los tribunales. Difícilmente llegarán inversiones importantes a un país donde los contratos no ofrecen garantías y la propiedad puede quedar a merced de decisiones arbitrarias. Pero la seguridad jurídica no sólo interesa a quienes tienen capital. Para el ciudadano común puede ser una cuestión de supervivencia, como conservar su casa, recuperar lo que le deben o evitar terminar en una cárcel por decisión de un funcionario corrupto.
La huida de Saucedo no es un episodio más de esta larga historia de degradación. Los hechos están revelando hasta dónde llegó la penetración del crimen organizado en la justicia. Lo que no podemos permitirnos es que todo termine con algunos funcionarios presos, otros prófugos y sus reemplazantes ocupando los mismos despachos.
Después de veinte años de sometimiento judicial y uno del nuevo gobierno, seguimos esperando que acudir a la justicia no represente el riesgo de convertirse en otra de sus víctimas.
No basta con cambiar a quienes administran la justicia. Hay que impedir que sigan administrando la injusticia.
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