Esta mañana, una noticia sobre la muerte de un estudiante en su colegio me llevó a reflexionar sobre un tema que merece mucha más atención en nuestra sociedad: la salud mental de nuestros niños, niñas y adolescentes.

Sin conocer las circunstancias de lo ocurrido, sería irresponsable aventurar explicaciones. Pero sí puedo aprovechar esta noticia para detenernos en una cuestión de fondo: ¿Estamos dando al bienestar emocional de nuestra niñez la misma importancia que damos a otras dimensiones de su desarrollo?

Durante mucho tiempo, la salud mental ha permanecido relegada, rodeada de prejuicios y, con frecuencia, tratada como un asunto privado. Cuando un niño presenta dificultades emocionales o un adolescente atraviesa una situación compleja, todavía es común que las primeras respuestas sean el juicio, la descalificación o la atribución de responsabilidades a la familia, sin detenernos a comprender qué está ocurriendo ni qué tipo de atención se necesita.

Hay una diferencia importante entre reconocer un problema y juzgar a quien lo atraviesa.

Cuando alguien tiene una lesión física o dificultades de visión, entendemos que necesita evaluación y atención profesional. Sin embargo, cuando el sufrimiento no es visible, nos cuesta reconocerlo con la misma naturalidad. La tristeza persistente, el aislamiento, los cambios de conducta o las dificultades para gestionar las emociones pueden ser señales que merecen atención, no etiquetas que simplifiquen una realidad compleja.

La salud mental es parte integral de la salud y del desarrollo humano. Comprenderlo exige superar los estigmas y asumir que el bienestar emocional merece prevención, atención oportuna y acompañamiento, especialmente durante la niñez y la adolescencia.

En este proceso, la familia cumple un papel fundamental, pero no puede asumir sola toda la responsabilidad. El cuidado requiere orientación, acceso a profesionales y entornos capaces de responder. También exige comprender que acompañar emocionalmente a un niño o adolescente no significa justificar cualquier conducta, sino establecer límites con respeto, escuchar sin descalificar y reconocer cuándo es necesario buscar ayuda especializada.

Los colegios ocupan un lugar central en esta tarea. Son espacios de aprendizaje, convivencia y formación, donde los estudiantes pasan una parte importante de su vida. Por ello, el bienestar emocional debe formar parte de una visión integral de la educación.

Esto implica contar con protocolos claros para abordar situaciones de crisis, acoso escolar y violencia entre pares; capacitar a docentes y equipos directivos para reconocer señales de alerta; proteger la confidencialidad de los estudiantes y establecer mecanismos de coordinación con las familias y los servicios de salud. No se trata de convertir a los educadores en profesionales de la salud mental, sino de dotarlos de herramientas para identificar cuándo una situación requiere atención y saber cómo actuar.

La existencia de protocolos, por sí sola, tampoco garantiza resultados. Se necesitan recursos, personal capacitado, rutas de atención accesibles y seguimiento. La prevención debe ser parte de la gestión cotidiana de las instituciones educativas, no una reacción posterior a los hechos.

Esta responsabilidad debe extenderse al conjunto del Estado. Educación y Salud necesitan trabajar de manera coordinada, con políticas de prevención, atención psicológica accesible y mecanismos de derivación oportunos. Las instancias de protección social también tienen un papel relevante en la construcción de redes de apoyo para niños, adolescentes y familias.

En esta mirada integral, el ámbito laboral tampoco puede quedar al margen. El Ministerio de Trabajo tiene la posibilidad de impulsar mecanismos que faciliten la conciliación entre las responsabilidades laborales y el cuidado familiar cuando un hijo atraviesa una situación de salud mental que requiere acompañamiento.

La posibilidad de acudir a una consulta, atender una crisis o participar en un proceso de atención no siempre puede ajustarse a horarios rígidos. Por ello, es pertinente promover permisos y medidas de flexibilidad con criterios claros, procedimientos ágiles y requisitos razonables. Se trata de reconocer que la protección de la niñez también requiere condiciones que permitan a sus familias ejercer el cuidado sin que los trámites administrativos se conviertan en una barrera innecesaria.

No hablamos de eliminar responsabilidades laborales ni de prescindir de toda justificación, sino de encontrar mecanismos equilibrados que respondan a situaciones reales de cuidado. Una política pública integral debe considerar tanto las necesidades de quienes requieren atención como las condiciones de quienes los acompañan.

Esta reflexión tiene, además, un fundamento de derechos humanos. La Convención sobre los Derechos del Niño establece obligaciones de protección y reconoce el interés superior de la niñez como una consideración primordial. Garantizar sus derechos supone atender su integridad física, pero también crear condiciones para su bienestar, su desarrollo y su participación en entornos seguros.

Los Objetivos de Desarrollo Sostenible refuerzan esta perspectiva. El ODS 3 plantea garantizar una vida sana y promover el bienestar para todos; el ODS 4 propone una educación inclusiva, equitativa y de calidad. Ambos objetivos están relacionados: difícilmente podremos hablar de educación integral si el bienestar emocional de los estudiantes permanece al margen de nuestras prioridades.

El desafío, por tanto, no consiste únicamente en sensibilizar a la sociedad. Necesitamos traducir esa sensibilidad en decisiones, servicios y políticas sostenibles. Eso supone asignar recursos, formar profesionales, fortalecer la prevención, evaluar los resultados y coordinar a las instituciones responsables.

También requiere revisar nuestros propios prejuicios. La empatía no significa renunciar a los límites ni ignorar los conflictos. Significa evitar que el juicio sustituya a la comprensión y que una dificultad emocional se convierta en motivo de estigmatización. Una sociedad que escucha y acompaña está mejor preparada para prevenir, proteger y responder.

La salud mental no puede ocupar un lugar prioritario únicamente cuando una noticia conmueve a la opinión pública. Debe formar parte de una agenda permanente, con responsabilidades definidas y acciones que puedan evaluarse.

La salud mental no es exclusivamente un asunto privado. Es también una cuestión de salud pública, educación, derechos humanos y responsabilidad del Estado. Asumirla como tal significa construir entornos seguros, fortalecer las redes de apoyo y garantizar que pedir ayuda encuentre una respuesta oportuna.

El bienestar de nuestra niñez no puede depender de la suerte, de la capacidad individual de cada familia o de la iniciativa aislada de una institución. Debe ser un compromiso colectivo, respaldado por políticas públicas que reconozcan que cuidar la salud mental es también proteger derechos, fortalecer familias y construir una sociedad más justa.

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