Filadelfia, septiembre de 1787. Cuando Benjamin Franklin salía de la State House al término de la Convención Constitucional, Elizabeth Willing Powel, una de las figuras más destacadas de la alta sociedad de la ciudad, lo detuvo con una pregunta: «Bueno, doctor, ¿qué tenemos: una república o una monarquía?».

«Una república», respondió el octogenario, «si son capaces de conservarla».

El 2 de octubre de 2026, el Directorio Ejecutivo del Fondo Monetario Internacional (FMI) aprobó un programa del Servicio Ampliado del FMI (SAF) con el gobierno de Rodrigo Paz Pereira. Cuatro días después, los primeros US$211 millones llegaron al Banco Central de Bolivia.

Por unos US$1.900 millones, el programa será el salvavidas de Bolivia durante los próximos tres años. La promesa es que estos fondos aliviarán los problemas de balanza de pagos que enfrenta el país andino, ayudarán a destrabar más de US$4.000 millones de otras instituciones financieras internacionales y quizá abran el camino a una verdadera reestructuración de la economía boliviana, con la austeridad como condición.

La austeridad tiene su lugar entre las herramientas de política económica. Es el camino más confiable para corregir los déficits fiscales, recuperar la confianza de inversionistas y prestamistas internacionales y devolver a una economía a fundamentos macroeconómicos sólidos. Les hace saber a los mercados internacionales que un país vuelve a estar abierto a los negocios. Bolivia necesitaba enviar ese mensaje.

Ya era hora.

Pero ¿y ahora qué? ¿Empezará a mejorar la economía? Eso depende del pueblo. Porque, si bien el FMI presta dólares, no garantiza la paciencia de la gente. Y, para tener siquiera una oportunidad de éxito, el programa necesitará justamente eso.

Los ajustes de corto plazo que cargará la población serán difíciles de digerir. De hecho, la medicina que Bolivia se ha tragado dolerá como un ciclo de quimioterapia. La reducción de servicios públicos, el recorte de subvenciones, la liberalización cambiaria y el cierre de empresas estatales ya se han ejecutado o anunciado, y vienen más. En consecuencia, el FMI proyecta ahora que la economía se contraerá 3,0% en términos reales este año y otro 1,5% en 2027. Con las subvenciones en retirada y un boliviano que, según se espera, seguirá debilitándose frente al dólar, el Fondo pronostica una inflación promedio de 15,8% en 2027, incluso mayor que el 12,7% previsto para 2026.

La esperanza es que este tratamiento cure a un Estado crónicamente enfermo de sus déficits fiscales y de su incapacidad para atraer inversión internacional hacia su abundante variedad de recursos. La gente sigue escéptica.

Inicialmente, el presidente Paz prometió que no se llegaría a esto. Durante su campaña, se negó una y otra vez a seguir el enfoque de su rival en la segunda vuelta, el expresidente Jorge Quiroga, quien creía que el crédito internacional sería el principal remedio. Paz propuso, en cambio, un modelo para Bolivia basado en el «capitalismo para todos».

Persisten fuertes vientos en contra para que ese eslogan se traduzca en beneficios concretos para la gente. El más peligroso es un motín encabezado por el propio pueblo y un viraje en sentido contrario.

Si se toma la popularidad de Paz como un indicador aproximado del riesgo, las probabilidades de que esto ocurra no son pocas. En menos de un año, su aprobación cayó de 65% al asumir el cargo a 21% en septiembre. Hoy figura entre los presidentes con menor aprobación de América Latina.

Esto no debería sorprender a nadie. Las políticas neoliberales tienen un historial accidentado en Bolivia. No son bien recibidas por quienes cargan con su peso, y la reacción ha destruido los mandatos de gobiernos anteriores. En 2003, la Guerra del Gas sacó al presidente Gonzalo Sánchez de Lozada del poder y del país, con más de 60 muertos. En 2010, incluso Evo Morales, en la cúspide de su poder, dio marcha atrás con su propio «gasolinazo» en menos de una semana.

Mayo y junio de este año mostraron lo que puede pasar cuando mineros, cocaleros, campesinos u otros sectores enardecidos son llevados al límite. Murieron más de 20 personas, entre ellas niños y adultos mayores. Hizo falta un estado de excepción y nuevas leyes que habilitaron la actuación del Ejército para que el gobierno pudiera sofocar las movilizaciones.

Esta semana está previsto que se reanuden las protestas organizadas por Evo Morales, hoy prófugo de la justicia. Sus demandas apuntan directamente contra las nuevas medidas de austeridad y el programa con el FMI. Dos decretos son su blanco principal: el Decreto Supremo (DS) 5716, que elimina la subvención al diésel en un contexto de precios internacionales cercanos a máximos históricos, y el DS 5727, que ordena la reorganización, disolución o liquidación de empresas públicas.

Es poco probable que la marcha hacia La Paz alcance la magnitud de junio. Pero las condiciones de aquí en adelante seguirán poniendo a prueba la paciencia de los hogares bolivianos, y el calendario es implacable.

Según lo previsto, el congelamiento del precio de la gasolina terminará en 2027. Si la recesión se niega a disiparse, como proyecta el propio FMI, el malestar social volverá a encenderse a medida que los precios reflejen un boliviano más débil en los mercados internacionales. Peor aún, el registro social previsto para ayudar a los más pobres no estará en funcionamiento hasta 2028.

Y, lo que es clave, ese es también el primer año en que la Constitución permite a la población promover un referendo revocatorio de mandato contra el presidente. Mas adelante, las elecciones generales vendrían en 2030, y los primeros pagos del préstamo del FMI comienzan en 2031. Aun si Paz supera los dos primeros obstáculos, el tercero seguirá ahí.

La tasa de interés de los préstamos del FMI es variable y sigue a las tasas internacionales, de modo que cada alza de la Reserva Federal de Estados Unidos y de otros grandes bancos centrales lo encarece. El préstamo, además, está denominado en Derechos Especiales de Giro (DEG), una canasta de las principales monedas, así que cada depreciación del boliviano encarece las cuotas. Con las economías desarrolladas entrando en un periodo de tipos de interés más altos, en medio de un repunte en el rendimiento de los bonos, no debe descartarse el riesgo de que el servicio de la deuda se convierta en una carga adicional.

Pero eso da por sentado el éxito de Paz.

¿Qué pasaría si la presión popular resulta excesiva y Paz se ve obligado a renunciar? Por mandato constitucional, lo sucedería el vicepresidente Edmand Lara, quien se ha enfrentado abiertamente con Paz y ha dicho que el FMI no resolverá la crisis. Sus declaraciones dan pocos motivos para creer que defendería el programa frente a un eventual retroceso.

Mucho se perdería si el gobierno tomara ese camino.

Una marcha atrás no solo haría perder lo que queda por desembolsar del préstamo del FMI, sino también el plan de financiamiento más amplio de US$7.600 millones para 2026-2029 que depende de él. También cerraría la primera apertura con Washington en décadas. En la posesión de Paz, las agencias estadounidenses de financiamiento para el desarrollo y de crédito a la exportación, la DFC y el EXIM, se declararon abiertas a hacer negocios en Bolivia. En abril, Estados Unidos firmó con La Paz un acuerdo sobre minerales críticos con la esperanza de dar impulso al sector.

Sin embargo, el apoyo estadounidense se ha vuelto condicional en la región, como lo demostró la experiencia argentina. Antes de las elecciones legislativas de medio término que pusieron a prueba a Javier Milei el año pasado, el presidente Trump advirtió que, si Milei perdía, «no vamos a ser generosos». Cabría esperar la misma pérdida de apoyo si Bolivia renegara de las reformas de mercado.

Esto nos devuelve a la prueba actual. Con otra marcha hacia La Paz en el horizonte y un malestar que está lejos de disiparse, saber si las reformas abrirán el camino al éxito depende de otra pregunta, cuya respuesta no conoceremos con certeza sino hasta mucho después: «¿La conservará el pueblo?».

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