17 de octubre (Urgente.bo).- Mónica Mendoza, representante en Bolivia de la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (Unodc), afirmó que el país se convirtió en los últimos años en un centro de operaciones para carteles de droga extranjeros.
En una entrevista con la agencia de noticias EFE, Mendoza señaló que el gobierno de Rodrigo Paz reconoció la presencia del crimen organizado transnacional, un problema cuyo abordaje representa una oportunidad para "mejorar" la lucha antinarcóticos.
La representante mencionó la presencia de organizaciones como el Cartel Jalisco Nueva Generación (CJNG), de México; el Primer Comando de la Capital (PCC) y el Comando Vermelho (CV), de Brasil; además de grupos criminales de Perú y Colombia.
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Foto: Captura entrevista de EFE
“Están relacionados con el cuadro de operaciones de mando”, dijo Mendoza a esta agencia de noticias internacional. Como evidencia, mencionó la cantidad de personas de esas nacionalidades que se encuentran detenidas en cárceles bolivianas.
También relacionó la expansión de estas organizaciones con el incremento de casos de sicariato en el país, hechos que, a su juicio, evidencian que los grupos criminales “están confrontados" y "están peleando por territorios". Esta situación se refleja en los hechos de inseguridad registrados, especialmente en Santa Cruz.
"Sí hay presencia de carteles. No estamos hablando de carteles bolivianos, estamos hablando de organizaciones (...) de otros países y que operan con la anuencia, con el consenso de organizaciones locales", subrayó Mendoza.
Mendoza sostuvo que Bolivia ya no puede ser considerada únicamente un país productor de materia prima o territorio de tránsito, pues el problema "es mucho más complejo". Explicó que existe una "confluencia" de delitos como el contrabando, la trata de personas, la corrupción y la minería ilegal, que funcionan como un "holding" o consorcio empresarial del crimen.
A esta situación se suma el incremento de los cultivos de coca. Según el último informe de la Unodc, presentado en septiembre, la superficie cultivada aumentó un 7%, de 34.000 hectáreas en 2024 a 36.400 en 2025.
La representante también alertó sobre la posible penetración del crimen organizado en instituciones de la Justicia en referencia al caso del exfiscal general Roger Mariaca. Mendoza sostuvo que "negar" la infiltración del narcotráfico en las instituciones sería muy "complejo", porque permitiría que estas organizaciones se "instalen" y luego resulte "muy difícil" recuperar esas entidades.
Mendoza cuestionó la percepción de que el narcotráfico opera a "un nivel bajo" en Bolivia y mencionó el caso del uruguayo Sebastián Marset, detenido en marzo y enviado a Estados Unidos.
A su juicio, la captura de Marset marcó el fin de la "narcopaz", una especie de tregua entre organizaciones criminales que conviven sin enfrentamientos visibles porque tienen distribuidas sus rutas, funciones y territorios.
La representante destacó las acciones del Gobierno de Rodrigo Paz contra el narcotráfico, entre ellas la captura de presuntos cabecillas criminales. La administración también permitió nuevamente la cooperación de la Administración para el Control de Drogas de Estados Unidos (DEA), expulsada de Bolivia en 2008 durante el Gobierno de Evo Morales.
Asimismo, Bolivia suscribió un acuerdo con el Gobierno estadounidense y se sumó al Escudo de las Américas para combatir el narcotráfico.
No obstante, Mendoza consideró que la lucha contra estas organizaciones requiere una estrategia integral, ya que "es imposible" combatir el narcotráfico a gran escala de manera "unilateral o solamente bilateral".
En ese sentido, planteó perseguir las actividades criminales, sus finanzas y sus capacidades operativas. También remarcó la necesidad de aprobar normas "antilavado" de dinero y de extinción de dominio, además de lograr sentencias judiciales en casos de narcotráfico, que, según afirmó, hasta ahora han sido "muy pocas".
