Franz Kafka escribió una “metamorfosis” escalofriante. Un individuo que un día despierta transformado en escarabajo… y las vicisitudes que tuvo que pasar, especialmente con su familia, debido a esta mutación. Pues, no es menos escalofriante la mutación que padeció Bolivia por ser uno de los tres países productores de hoja de coca y … de cocaína.
La mutación institucional de Bolivia no ocurrió en una sola noche como en la creación de Franz Kafka, sino a lo largo de décadas de quiebres políticos, vacíos de poder y enclaves territoriales que terminaron por reconfigurar el tejido del Estado. Lo que analistas, opositores y críticos denominan el “narcoestado plurinacional” es el resultado de un largo viaje que comenzó con la cooptación de las instituciones tradicionales culminando en una arquitectura jurídica que, bajo el paraguas de la “refundación indígena” del país, diluyó las fronteras entre la legalidad y las economías ilícitas. Hasta parece que toda esta mutación, estaba dirigida a hacer del país un narcoestado.
Para entender esta transformación, la memoria debe retroceder a los años ochenta, una década muchas veces descrita como de quiebre moral y económico del país. En 1980, el golpe de Estado de Luis García Meza consolidó lo que muchos consideran el primer ensayo de un narcoestado en la región. Financiado y sostenido por la corporación de Roberto Suárez Gómez, apodado el «Rey de la Cocaína», y asesorado por personajes como el criminal nazi Klaus Barbie, el régimen militar demostró que el aparato estatal podía operar directamente como una gerencia de comercialización de cocaína.
Aunque la democracia regresó en 1982, las rutas, las complicidades y la gigantesca inyección de dinero en efectivo, ya habían echado raíces en la economía subterránea del país. Desde entonces, habría que pensar en esta secuencia: Años 80: Dictadura de García Meza; Años 90/2000: Sindicalización del Chapare; Año 2009: Constitución Plurinacional; años 2025/2026: Crisis y enclaves.
A finales de los noventa y principios de los dos mil, el eje del poder informal se instaló en el trópico de Cochabamba. Las federaciones cocaleras del Chapare, lideradas por un joven dirigente llamado Evo Morales, poseedor de un carisma indudablemente racista y sectario, ayudado por la tendencia zurda y progre mundial de la época y su fenotipo que llamó la atención no solo en el país, sino también en Europa, convirtieron el cultivo de la hoja de coca en un bastión de resistencia política y sindical frente a los programas de erradicación respaldados por Estados Unidos. Con el tiempo, estas federaciones desarrollaron una soberanía interna tan rígida que desplazó por completo a las autoridades municipales y policiales. En el Chapare, que ya era un enclave, la ley del sindicato se impuso sobre la ley de la República. Cuando Morales alcanzó la presidencia en 2006, el programa político de su movimiento no solo buscaba la reivindicación indígena, sino también la protección constitucional de su principal motor socio/económico regional.
El punto de inflexión definitivo ocurrió con el irregular proceso y promulgación de la Constitución Política del Estado de 2009, que dio nacimiento al Estado Plurinacional. Bajo principios legítimos de inclusión de las naciones indígenas, la nueva estructura descentralizó el control de su territorio (Chapare) y reconoció sistemas de justicia comunitaria que, en la práctica, terminaron blindando ciertas zonas feudales de la fiscalización estatal ordinaria. A la par de este cambio de diseño institucional, ocurrieron decisiones clave, como la expulsión de la Embajada Americana, USAID y la Administración de Control de Drogas (DEA) de EE. UU., bajo argumentos de soberanía (año 2008). Aumentó también el área de cultivo de la hoja de coca, satisfaciendo los pedidos de su base cocalera. El MAS dispuso el control de la coca implementando un modelo de "auto-monitoreo" sindical (“erradicación concertada” le llamó) que, según informes posteriores, derivó en que hasta el 40% de la hoja de coca presuntamente legal, terminara desviándose hacia la producción de clorhidrato de cocaína. Eso, sin contar que la producción legal, inclusive la proveniente de los Yungas, ya producía excedentes. En esa etapa, se produjo también el debilitamiento judicial, hoy advertido y presenciado por todo el pueblo. Hay que mencionar, sin embargo, que el sistema jurídico boliviano nunca fue probo, imparcial ni justo, en diferentes grados y magnitudes en tiempo y espacio. Pero esa estructura endeble, fue corrompida y exacerbada de manera superlativa por el MAS. El sistema de justicia cooptado por el partido de gobierno y debilitado por amenazas recíprocas, garantizó altos índices de impunidad para las redes de tráfico ilícito de drogas, la corrupción y la delincuencia en general.
Finalmente, hacia mediados de la década de los 2020, las costuras del modelo comenzaron a abrirse de forma estrepitosa. La fractura política interna del partido oficialista entre el ala de Luis Arce y los leales a Evo Morales, destapó una caja de Pandora de denuncias cruzadas de corrupción y encubrimiento al narcotráfico. Para entonces, Bolivia ya no era solo un productor de materia prima; se había transformado en un nodo logístico internacional donde operaban franquicias del Primer Comando de la Capital (PCC), el Comando Vermelho y otros cárteles internacionales de droga, facilitando megacargamentos, camuflados o no, destinados a Europa y países vecinos. Casos de alto impacto como el del uruguayo Sebastián Marset evidenciaron la facilidad con la que capos internacionales obtenían identidades falsas y protección dentro del territorio nacional.
Para el último trimestre de 2026, la narrativa de la Bolivia plurinacional enfrenta su encrucijada más amarga. Críticos y juristas sostienen que la constitución "pluri" terminó operando involuntariamente como el amparo normativo de un entramado delictivo transnacional. Tras años de inestabilidad, (bloqueos y la caída del orden económico), la transición política liderada por Rodrigo Paz, además de constituir un gobierno sumamente lento y según muchos analistas negligente y hasta ineficiente, se topa con la titánica tarea de desmontar una estructura donde el crimen organizado ya no presiona al Estado desde afuera, sino que se convirtió, en varios rincones de la geografía boliviana, en el Estado mismo. Y hay que terminar conviniendo que Bolivia sola, no va a poder enfrentar un poder ilícito (y corrupto) incrustado en la esencia misma del Estado y de dimensión tan gigantesca.
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