El miércoles 7 de octubre, durante el lanzamiento del Censo Agropecuario en Trinidad, el presidente Rodrigo Paz pidió al ministro del área y al Instituto Nacional de Estadística (INE) que revisen los resultados del Censo de Población y Vivienda 2024. Dejó abierta la posibilidad de un nuevo empadronamiento si la revisión lo justifica. Algunos lo leerán como una jugada política. Basta recordar cómo terminó el censo de 2024 para entender que es una decisión necesaria.
La primera duda es de magnitud. El INE contó 11.312.620 habitantes, cuando su propia proyección estimaba 12.332.252. La diferencia supera el millón de personas, cerca del 8%. Las autoridades de entonces respondieron que las proyecciones estaban sobreestimadas. Puede ser cierto. Pero una discrepancia de ese tamaño no se zanja con descalificaciones: se zanja con evidencia que cualquiera pueda verificar.
Esa evidencia es la que faltó. El caso del municipio La Paz lo ilustra. Según la cartografía ajustada del GAMLP y consensuada con el INE antes del censo, la proyección de población llegaba a más de un millón de habitantes para el municipio. Sin embargo, el municipio pasó de 766.468 habitantes en 2012 a 755.723 en 2024, una caída de 1,4%. De 87 municipios que tiene La Paz, solo nueve perdieron población y uno de ellos fue el municipio de La Paz. Como alcalde, entonces, envié al INE 21 preguntas: cual era el margen de error por territorio, cuál era el crecimiento de la mancha urbana, los nacimientos anuales en el municipio, el crecimiento de los inmuebles. El INE no pudo demostrar cuántas viviendas estaban ocupadas y desocupadas ni la cobertura geográfica de los manzanos censales. Ante la pregunta sobre por qué el INE facilito el desplazamiento de gente urbana a centros rurales y del impacto de esa migración, el INE me sugirió consultar los medios de comunicación. Una burla ya que una institución técnica no debería responder así.
Antes de la realización del censo, como GAMLP, propusimos un censo con tres CCC: con cartografía actualizada, confiabilidad y consenso. Exigimos participación amplia de la sociedad civil, sugerimos medidas para transparentar todo el proceso, pedimos un pre censo en La Paz, me inscribí como censista voluntario. El gobierno de entonces prometió que todo se haría en regla y cumpliendo las tres CCC. Sin embargo, al final, nada se cumplió y, por eso, rechazamos los resultados. La Asamblea de la Paceñidad, que convocamos con carácter de urgencia, pidió una auditoría técnica internacional y la publicación de la cartografía y de las boletas de los manzanos limítrofes.
Lo notable es que el propio INE dijo estar abierto a esa auditoría y ofreció revisar los cuestionarios uno por uno ante organismos internacionales. Esa disposición quedó en mera declaración. La instrucción del presidente es la oportunidad de volverla un hecho.
Hay una razón para no esperar más. Los datos del censo definen la coparticipación tributaria, la distribución de escaños y la planificación del desarrollo, y cada año con cifras cuestionadas es un año de decisiones sobre terreno incierto. La experiencia de 2012 lo muestra: según la Alcaldía de La Paz, una cartografía desactualizada le costó 226 zonas censales y unos 582 millones de bolivianos. Los errores de un censo se pagan durante una década.
Para que la revisión sirva y no se convierta en otra disputa política, debería cumplir algunas condiciones. Primero, una auditoría tecnica independiente, con universidades, organismos internacionales y representantes de municipios. Segundo, la publicación de la cartografía, de los resultados de la encuesta de cobertura y de la tasa de omisión por municipio. Tercero, la revisión de boletas en los municipios con variaciones atípicas. Cuarto, un plazo público y un informe abierto. Y quinto, que un nuevo censo se decida solo si la auditoría lo justifica, con las condiciones que se exigieron en 2022: cartografía actualizada, consenso y confiabilidad (las tres CCC)
Decir que no se cree en las cifras no basta, venga de quien venga. La confianza la devuelven los datos verificados. Revisar el censo no es destruirlo: es comprobar si resiste. Si resiste, el país gana certeza. Si no, gana la oportunidad de corregir a tiempo. Lo que me preocupa es que sin revisar los errores técnicos del censo 2024, el actual gobierno decida llevar adelante el censo agropecuario. Es seguir incidiendo en el error de una cartografía imprecisa que nos llevara a datos territoriales incorrectos.
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