Condenar a los bolivianos a vivir entre la escasez y los abusos del poder mientras la clase política derrocha recursos económicos y pretende gobernar por teléfono es un insulto a la patria.
El discurso pronunciado por Rodrigo Paz en Naciones Unidas pretendió proyectar una imagen de renovación, pero terminó exponiendo las profundas contradicciones de una gestión que replica las viejas mañas del pasado. Se critica con dureza el legado de un nefasto e intransigente líder que encabezó dos décadas de una izquierda recalcitrante, pero se termina incurriendo en el mismo vicio: el uso del poder para mantener privilegios a costa del contribuyente.
No es cuestión de criticar al líder nefasto intransigente cuando no se le habla al pueblo boliviano con la verdad, es más de lo mismo. Por más que se anuncien gestiones para atraer 10 mil millones de dólares, nada justificaba el despilfarro de un vuelo en la aeronave oficial. Si la austeridad fuera real, ahorraría los recursos del uso del avión presidencial para tomar un vuelo comercial en cualquiera de las escasas aerolíneas internacionales que aún operan en Bolivia, tal como lo hace cualquier ciudadano que debe viajar por trabajo o necesidad.
No se puede hablar de erradicar la corrupción ideológica ni de defender la soberanía nacional cuando la conducta contradice el discurso. Es una hipocresía inaceptable tras un viaje que le costó mucho dinero al pueblo boliviano, un viaje que realiza una parada en Boca Ratón y no por imprevistos técnicos, sino como parte de una escala prolongada sobre la cual no se explicaron las actividades reales realizadas ahí, mientras las familias bolivianas enfrentan una economía asfixiada y el deterioro constante de su calidad de vida.
Bolivia no es un país pobre, es una nación rica en recursos, en diversidad y en población trabajadora que ha sido sistemáticamente mal administrada. Merecemos respeto, lo que significa acceso a mercados libres, productos de primera calidad, precios justos y la libertad irrestricta de cada ciudadano para decidir qué comprar, a qué precio y a quién. Los bolivianos no tienen por qué resignarse al diésel y gasolina de pésima calidad o al desabastecimiento crónico mientras la burocracia estatal vive desconectada de la realidad. La verdadera libertad no se logra con promesas populistas, sino devolviendo al trabajador cada centavo de su esfuerzo y quitándole las cadenas del control estatal.
Esta desconexión se agrava cuando el poder se ejerce a la distancia. Gobernar a través de mensajes de WhatsApp y reuniones virtuales, dejando al país sin una autoridad en ejercicio en el territorio nacional, es una forma implícita de abandono. Si bien la figura del vicepresidente Edmand Lara genera legítimas dudas sobre su capacidad de gestión, la Constitución Política del Estado no es optativa. Un mandatario no puede vulnerar la carta magna ni faltar al juramento prestado el 8 de noviembre pasado solo para evitar ceder el mando temporal a la otra parte de la fórmula incoherente.
La falta de institucionalidad se evidencia también en la impunidad persistente. Se habla de reforestación y conservación ambiental en foros internacionales, pero cualquier agenda es mera demagogia si no se garantiza el cumplimiento de la ley en todos los niveles, comenzando por la captura del liderazgo del narcoterrorismo en Bolivia. Del mismo modo, la transparencia exige esclarecer de manera definitiva los oscuros casos de corrupción que indignan a la población, como el escándalo de las maletas con oro y el polémico caso de Fernando Cerimedo.
Asimismo, es urgente que el país se enfoque en preservar la seguridad ciudadana y mire con firmeza más allá de lo que ocurrirá cuando el estado de excepción finalice. No podemos normalizar los hechos de violencia que ocurren en diferentes zonas del país a plena luz del día. Los efectivos del orden deben estar prestos a combatir el crimen sin tregua y actuar con verdadera efectividad y principios, garantizando el orden público sin vacilaciones. No hay que esperar a que la nación se enlute más, pues cada vida herida o perdida representa un daño irreparable a la patria.
Al final del día, cambiar únicamente los rostros en la cúpula no significa transformar la estructura, la maquinaria del pasado sigue intacta. Rodrigo Paz no puede atribuirse una victoria individual cuando su llegada a la presidencia fue el resultado de un capital político ajeno que supo aprovechar coyunturalmente. Ver sufrir al país desde el palco del privilegio mientras la corrupción consume lo poco que nos queda es una barbarie que compromete el futuro de los jóvenes. Bolivia exige verdad, transparencia y una reforma profunda que desmantele el modelo estatista. El país no debe rendirse en su lucha contra los corruptos, porque los bolivianos no merecen mentiras ni discursos vacíos, merecen libertad y dignidad para progresar en su patria.
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