La semana pasada la Asamblea Legislativa aprobó el acuerdo de Bolivia con el Fondo Monetario Internacional. El debate se ha concentrado en los 1.900 millones de dólares, en el nuevo precio del diésel y en una palabra inevitable cuando se habla del Fondo: soberanía. Los tres asuntos importan, pero detrás de ellos existe algo más relevante: Bolivia está intentando recuperar el margen de acción económica que fue perdiendo a medida que la escasez de dólares, la caída de las reservas y las dificultades para importar combustibles comenzaron a condicionar las decisiones del Estado y la vida cotidiana de la población.
Conviene entender el acuerdo desde esa perspectiva. Ningún organismo internacional desarrolla un país, encuentra gas, abre una mina o genera empleos productivos. El financiamiento puede contribuir a estabilizar la economía y devolverle previsibilidad; convertir esa estabilidad en crecimiento sigue siendo responsabilidad de Bolivia.
Los problemas que nos trajeron hasta aquí tampoco comenzaron con el FMI. Bolivia llegó a 2025 con un déficit fiscal de dos dígitos, reservas internacionales deterioradas, escasez de dólares y crecientes dificultades para abastecer de combustibles al mercado interno. Al mismo tiempo, disminuyó la producción de hidrocarburos mientras aumentaba nuestra dependencia de las importaciones.
Por eso la discusión no debería reducirse a si Bolivia debía o no realizar ajustes. Cuando un país gasta durante años más de lo que genera, pierde reservas y produce menos divisas, la corrección termina siendo inevitable. La decisión consiste en hacerlo de manera ordenada, procurando proteger a quienes soportan el mayor impacto, o permitir que la escasez, la inflación y la falta de dólares hagan el ajuste por su cuenta.
Bolivia comenzó a corregir esos desequilibrios antes de la aprobación legislativa del acuerdo, con la revisión del Presupuesto 2026, la limitación del financiamiento del Banco Central al sector público, cambios en la política cambiaria y monetaria y el retorno al mercado internacional de capitales.
Ahí debe situarse también la discusión sobre soberanía. El déficit, la escasez de dólares, la pérdida de reservas, el contrabando de combustibles y la caída de la producción de hidrocarburos eran problemas nuestros antes de la negociación. Soberanía no significa ignorarlos porque un organismo internacional también considere necesario corregirlos, sino conservar la capacidad de decidir cómo hacerlo, en qué secuencia y con qué protección para la población.
El diésel es probablemente el ejemplo más difícil. Durante años Bolivia importó combustible a un precio y lo vendió internamente a otro considerablemente menor, cubriendo la diferencia con recursos públicos. Ese esquema se volvió cada vez más difícil de sostener cuando disminuyeron los ingresos del gas y aumentaron las importaciones, además de generar un fuerte incentivo al contrabando.
Corregir esa distorsión era necesario, pero no significa desconocer sus consecuencias. El incremento afecta a transportistas y productores y puede trasladarse al precio de otros bienes. Por eso fue acompañado por mecanismos de protección social, el incremento del Bono Juancito Pinto y líneas de crédito para distintos sectores. Su efectividad deberá evaluarse permanentemente, porque ninguna estabilización será sostenible si no lo es también socialmente.
Pero corregir el precio del diésel no produce un solo litro adicional de petróleo o gas. Si dentro de algunos años Bolivia continúa importando cada vez más combustibles, no atrae inversión al sector energético y YPFB mantiene sus problemas estructurales, habremos corregido una distorsión fiscal sin solucionar el problema de fondo. La siguiente etapa debe recuperar inversión, exploración y producción, modernizar las reglas del sector e incorporar capital y tecnología allí donde sean necesarios.
Algo similar ocurre con los 1.900 millones de dólares. No son un programa de desarrollo. Pueden ayudar a reconstruir reservas, normalizar el mercado cambiario y recuperar confianza, además de facilitar el acceso a otros recursos internacionales. Pero estabilizar no es crecer. Para lograrlo Bolivia deberá recuperar inversión, aumentar exportaciones y fortalecer los sectores capaces de generar empleo y divisas.
En última instancia, esa es la cuestión central: Bolivia necesita volver a generar los dólares que necesita. El financiamiento externo puede acompañar la estabilización, pero ningún país puede depender indefinidamente de recursos prestados para sustituir las divisas que su economía ha dejado de producir.
Por eso la aprobación del acuerdo no debería entenderse como el final del proceso. La verdadera evaluación no será solamente la que hagan los organismos internacionales, sino la que hagan los ciudadanos cuando el abastecimiento de combustible sea normal, el acceso a divisas deje de ser una preocupación cotidiana, los precios recuperen previsibilidad y la inversión vuelva a generar actividad y empleo.
La puerta que se ha vuelto a abrir importa no solo por los recursos que existen detrás de ella, sino porque devuelve al país un margen de acción que había ido perdiendo. Ahora corresponde utilizarlo para algo más difícil que obtener financiamiento: recuperar producción, inversión y confianza.
Dentro de algunos años, el resultado no debería medirse por cuánto dinero obtuvo Bolivia del Fondo, sino por cuánto volvió a producir, exportar y atraer inversión, y por cuánto recuperó su capacidad de generar por sí misma los recursos que necesita.
Esa será la diferencia entre haber obtenido financiamiento y haber aprovechado la oportunidad que ese financiamiento abrió.
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