Bolivia atraviesa una crisis fiscal, externa y cambiaria suficientemente seria como para que US$1.900 millones no sean precisamente un detalle contable. El Proyecto de Ley PL-723/25 propone autorizar un Servicio Ampliado del Fondo Monetario Internacional por DEG 1.369 millones, aproximadamente US$1.900 millones, dentro de un programa de 36 meses.

La discusión parlamentaria probablemente tendrá dos tentaciones. Una será presentar al FMI como la ambulancia que viene a salvarnos. La otra, como Drácula llegando a cobrar soberanía en cómodas cuotas mensuales.

Conviene evitar ambas.

El FMI no hace milagros, pero tampoco necesita colmillos. Presta dinero, cobra intereses y exige un programa. La obligación de la Asamblea es bastante menos emocionante y mucho más importante: averiguar si las condiciones son convenientes, si Bolivia puede pagar y, especialmente, qué estamos comprometiendo a cambio de recibir los recursos.

¿QUÉ TIENE DE BUENO?

Primero: necesitamos dólares. Y no precisamente para decorar las reservas del Banco Central. Bolivia enfrenta restricciones de divisas, desequilibrios fiscales y externos y fuertes necesidades de financiamiento. El propio proyecto reconoce este cuadro como fundamento de la operación. PL-723-2025-2026.pdf

Segundo: financieramente el crédito es atractivo. El SAF establece hasta diez años para pagar cada desembolso y comienza a amortizarse después de cuatro años y seis meses. La tasa es variable y existen comisiones y eventuales sobretasas, pero el propio informe gubernamental sostiene que el costo resulta inferior y los plazos mejores que otras alternativas de financiamiento consideradas. PL-723-2025-2026.pdf En las actuales circunstancias, pretender que Bolivia salga alegremente a los mercados internacionales a conseguir US$1.900 millones baratos sería una experiencia interesante, especialmente para quien disfrute de las películas de ciencia ficción.

Tercero: compra tiempo. Y probablemente éste sea su principal beneficio. El crédito no produce gas, no elimina el déficit fiscal y tampoco transforma mágicamente al Estado en una máquina de eficiencia escandinava. Compra tiempo para hacer las correcciones sin tener que realizarlas todas de golpe.

Sin financiamiento, el ajuste también ocurre. Solo que suele llegar por mecanismos bastante menos amables: escasez de dólares, caída de importaciones, depreciación, inflación, contracción económica y reducción forzada del gasto.

Cuarto: puede movilizar recursos adicionales. El programa con el FMI puede funcionar como ancla para financiamiento de otros organismos multilaterales. Por tanto, no debería evaluarse únicamente como una operación aislada de US$1.900 millones.

Quinto: puede ayudar a reconstruir credibilidad. Después de años de desequilibrios, Bolivia necesita algo tan escaso como los dólares: confianza. Un programa consistente puede contribuir a reconstruir ambas cosas.

¿Y DÓNDE ESTÁN LOS SAPOS? Siempre y sapito y ojito

Naturalmente, existen.

El primero: el dinero viene con condiciones. Conviene aclararlo porque en Bolivia hemos desarrollado la extraordinaria costumbre de querer crédito externo con tasa baja, plazo largo, período de gracia y, si fuera posible, sin que el acreedor pregunte qué pensamos hacer con la plata.

Eso no existe. El propio proyecto reconoce que la Carta de Intenciones y los memorandos que acompañarán la operación contienen las políticas y compromisos asumidos por las autoridades bolivianas. PL-723-2025-2026.pdf

Y aquí aparece el principal problema del expediente:

conocemos bastante bien el crédito, pero todavía no conocemos suficientemente el programa.

Sabemos cuánto dinero queremos. Sabemos quién lo paga. Sabemos aproximadamente cuánto cuesta. Sabemos cuándo comenzamos a devolverlo.

Lo que necesitamos conocer con igual precisión es qué tendremos que hacer para recibir cada desembolso.

Segundo: los US$1.900 millones no llegan necesariamente juntos en una carretilla. Un SAF funciona mediante desembolsos sucesivos, revisiones y cumplimiento de compromisos. La Asamblea debería conocer el calendario y las condiciones correspondientes.

Tercero: aumenta la deuda externa. Que sea financiamiento relativamente barato no convierte la deuda en donación. Y además existe riesgo cambiario: el TGN recauda principalmente bolivianos, pero esta obligación se paga externamente.

Cuarto: la tasa no está congelada. El documento utiliza una tasa básica estimada de 3,479%, pero ésta depende de la tasa del DEG y puede variar; además pueden existir sobretasas, comisiones y un cargo de servicio de 0,5% sobre los desembolsos. PL-723-2025-2026.pdf

Quinto: el ajuste puede tener costos sociales. Reducir el déficit, controlar la expansión monetaria y reconstruir reservas es necesario. Pero hacerlo demasiado rápido o mal diseñado puede profundizar la recesión, reducir empleo e ingresos y afectar desproporcionadamente a los hogares vulnerables.

Y finalmente está el sapo mayor, un rococó, diríamos por mis tierras :

podemos gastar el oxígeno sin curar al paciente.

Si los US$1.900 millones financian una transición hacia una economía fiscal y externamente sostenible, habrán sido extraordinariamente útiles.

Si simplemente permiten postergar las correcciones tres años, habremos conseguido una proeza menos admirable:

comprar tiempo con deuda para volver exactamente al mismo lugar, solo que debiendo más.

¿SOMETIMIENTO AL FMI?

Seguramente escucharemos esta palabra varias veces en el debate.

Hay que tomarse la crítica en serio, pero también ponerla en perspectiva.

Sí, existe condicionalidad. Nadie debería negarlo.

Pero conviene recordar algo ligeramente incómodo: el déficit fiscal boliviano no nació en Washington. La escasez de dólares tampoco. La caída de los hidrocarburos no fue redactada por algún funcionario del FMI. Y las reservas no desaparecieron por instrucciones de Christine Lagarde, Kristalina Georgieva ni del Espíritu Santo monetarista.

El FMI aparece porque los desequilibrios ya existen.

Por eso la pregunta inteligente no es simplemente:

“¿El FMI nos impone condiciones?”

La pregunta debería ser:

“¿Las reformas acordadas coinciden con las correcciones que Bolivia necesita hacer de todas maneras, y están diseñadas con una velocidad y protección social compatibles con nuestra realidad?”

Ahí comienza el debate económico serio.

LO QUE LA ASAMBLEA DEBERÍA PEDIR ANTES DE VOTAR

El PL contiene los elementos jurídicos y financieros básicos para autorizar la operación. Pero US$1.900 millones merecen algo más que fe, esperanza y una tabla de ocho páginas.

Los asambleístas deberían solicitar:

1. Carta de Intenciones completa presentada al FMI.
2. Memorando de Políticas Económicas y Financieras, con todas las reformas comprometidas.
3. Memorando Técnico de Entendimiento, si corresponde.
4. Lista de acciones previas (prior actions) acordadas antes de la aprobación del programa.
5. Cronograma completo de desembolsos: cuánto llega inicialmente, cuánto después y bajo qué condiciones.
6. Metas cuantitativas: déficit fiscal, reservas, deuda, financiamiento del BCB y principales variables monetarias.
7. Informe Técnico MEFP/VTCP/DGCP/UEPS/INF N.º 071/2026. El propio proyecto lo cita como fundamento de la evaluación financiera. PL-723-2025-2026.pdf
8. Análisis completo de sostenibilidad de deuda, con los supuestos detrás de los resultados y escenarios de estrés. El PL informa que el indicador de riesgo pasa de 0,373 a 0,379 y permanece en riesgo moderado; conocer el modelo que produce ese resultado sería bastante saludable antes de comprometer US$1.900 millones. PL-723-2025-2026.pdf
9. Costo financiero integral del SAF, incluyendo posibles variaciones de la tasa, sobretasas, comisiones y cargo por servicio.
10. Destino de cada tramo: reservas, apoyo presupuestario u otras necesidades de balanza de pagos.
11. Programa de protección social: cuánto dinero, qué instrumentos, quiénes serán beneficiarios y durante cuánto tiempo.
12. Informe periódico a la Asamblea sobre desembolsos, cumplimiento de metas, utilización de recursos y evolución de la deuda.

UNA IDEA PARA LLEVAR AL HEMICICLO

La urgencia económica no justifica aprobar a ciegas. Pero tampoco debería convertirse la legítima exigencia de transparencia en una excusa para bloquear indefinidamente recursos que el país necesita.

Hay que pedir toda la información. Hay que discutir las condiciones. Hay que examinar los riesgos. Hay que proteger a los sectores vulnerables. Y después hay que decidir.

Sin catecismos.

Ni el FMI es Papá Noel repartiendo US$1.900 millones, ni es Darth Vader llegando a llevarse nuestra soberanía.

Es un acreedor al que Bolivia está recurriendo porque necesita dólares y tiempo para corregir una crisis que ya estaba aquí antes de que apareciera el Fondo.

La verdadera soberanía económica no consiste en proclamar orgullosamente “no necesitamos al FMI” mientras buscamos dólares debajo del colchón.

Consiste en utilizar estos US$1.900 millones para reconstruir una economía que, dentro de algunos años, pueda decirlo de verdad.

El crédito puede ser un puente. La obligación de la Asamblea es comprobar que al otro lado haya una carretera y no otro precipicio.