La Comunidad Boliviana de Sobrevivientes (CBS) expresó su rechazo y desconfianza ante el simposio eclesial Organizado por la Conferencia Episcopal Boliviana llamado “Especialidad en investigación de los delitos contra niña, niño y adolescente en ambientes eclesiales: normativa, procedimiento y criminalística”. Las víctimas denunciaron que esta iniciativa busca usurpar funciones constitucionales del Ministerio Público y perpetuar la complicidad y el encubrimiento dentro de la Iglesia Católica.
“La iglesia no busca la no repetición de los casos: lo que buscan es usar la justicia para reponer la humanidad de la iglesia y de las víctimas, y ser terapéutica con los agresores. Arguyen que el juicio verdadero lo hace Dios al final. ¿Alguien duda de que el énfasis está en el perdón, que da lugar a la impunidad?”, cuestionó Wilder Flores, presidente de la CBS.
“La investigación de estos delitos, catalogados por la CIDH como tortura y crímenes de lesa humanidad, corresponde al Ministerio Público. La misma institución responsable de los abusadores no puede ser juez y parte”, agregó Flores.
Pedro Lima, vocero de la CBS, advirtió que pretender analizar la “verosimilitud” de las denuncias mediante peritajes internos suplanta el rol del Ministerio Público y vulnera la normativa boliviana. Citó el Artículo 163 del Código Penal, que sanciona la usurpación de funciones públicas.
“El Estado plurinacional de Bolivia, siendo laico, no debe permitir la suplantación del Ministerio Público en delitos de alto orden como los abusos sexuales contra la niñez cometidos por sacerdotes y el entorno eclesial”, enfatizó Lima.
“¿Qué harán sus profesionales especializados en investigación de abusos eclesiales con casos como el del jesuita Lucho Roma, cuya investigación canónica previa, que señalaba verosimilitud de los crímenes, fue escondida por orden del Prepósito General Jesuita en Roma?”, expresó, por su parte, Edwin Alvarado, Secretario de Relaciones Internacionales de la CBS.
¿Qué harán ahora los especialistas eclesiales en investigación de delitos de abuso sexual eclesial en casos como los de Alfonso Pedrajas, cuyos crímenes conocieron al menos siete provinciales jesuitas y 28 Consultores? ¿Establecerán casos de complicidad activa y encubrimiento, para encontrar justicia?, cuestionó.
¿Y tendrán la intención -y la capacidad- de investigar casos como los de Jorge Vila, que fundó la ONG Defensa de Niños Internacional, para tener acceso a niños vulnerables de la calle a los que terminó abusando? ¿Cómo encontraremos esa “justicia terapéutica” en casos como este? continuó Alvarado.
“Y qué harán estos especialistas con el caso de las víctimas de Colonia Piraí, que denunciaron ante el Arzobispado de Santa Cruz en 2019 y ante la Conferencia Episcopal de Bolivia en 2021, y que hoy, tras siete años, sienten que la justicia no les fue acercada ni un solo milímetro? Por esto, las víctimas deben denunciar a la iglesia ante el Ministerio Público, y no denunciar en la iglesia”.
¿O solamente está preparando “especialistas” en detectar estos casos, captarlos y encausarlos a los canales internos antes de que salgan denuncias al Ministerio Público? Si es así, que lo señalen con claridad. Ya nosotros hemos expresado que en Bolivia ninguna organización debería tener canales internos de investigación; que a conocimiento de cualquier caso, se debe elevar denuncia al Ministerio Público, a la Policía, para no usurpar funciones, remató.
Redes de complicidad y encubrimiento
“El problema de los abusos sexuales dentro de la iglesia católica no pasa por la investigación, el problema fundamental es la complicidad y el encubrimiento, y la reubicación permanente de los abusadores sexuales dentro de la iglesia. No existen sanciones ejemplificadoras respecto a los abusadores, sólo condescendencia institucional” aclaró Wilder Flores, Presidente de la CBS.
“Nos parece una broma de muy mal gusto pretender que estos crímenes se resuelvan a través de las autoridades eclesiales, que históricamente guardan un silencio sepulcral qué más que ayudar y alivianar el dolor de las víctimas nos hunde a una profunda desesperación”, señaló Flores.
“Los sobrevivientes de Cochabamba hicieron conocer la sentencia lograda contra dos provinciales de la compañía de Jesús al arzobispado de Cochabamba, pidiendo que se realicen acercamientos orientados a la justicia, en febrero del 2026, y hasta la fecha no existe respuesta alguna”, informó el Presidente de la CBS.
“La sentencia contra dos ex provinciales jesuitas en el caso de Alfonso Pedrajas dictamina que se deben profundizar las investigaciones, hacia todos los implicados mencionados en el proceso. ¿Ayudarán los investigadores de la iglesia? ¡Por supuesto que no! Además, esto corresponde plenamente al ministerio público”. Ya analizaron la sentencia ¿Cuándo se pronunciarán ante tanta prueba material y testifical? agregó Flores.
La CBS exige al Estado Plurinacional de Bolivia hacer cumplir el carácter laico del Estado y prohibir que cualquier organización privada o religiosa administre investigaciones criminales de manera paralela, asegurando que todos los casos sean conocidos única y exclusivamente por el Ministerio Público y la Policía.
