¿En qué momento una autoridad elegida comienza a sentirse por encima de la comunidad que la eligió?
Toda Universidad tiene su Catedral. No siempre es un bar oscuro donde dos antiguos conocidos conversan sobre un país extraviado. A veces es un pasillo iluminado, una feria, una oficina o el breve espacio que separa un saludo de una respuesta. Allí, lejos de los discursos oficiales, el poder se muestra sin solemnidades. Le basta una frase para revelar la distancia que ha construido entre quienes mandan y quienes, supuestamente, forman parte de la misma comunidad.
Los días 2 y 3 de agosto, el Instituto de Investigación, Interacción Social y Posgrado de Trabajo Social de la Universidad Mayor de San Andres, presentó cuatro investigaciones en la Trigésima versión de la Feria del Libro. Fueron dos jornadas intensas y satisfactorias. Detrás de cada publicación había meses, acaso años, de trabajo silencioso: datos reunidos con paciencia, preguntas difíciles, correcciones interminables y discusiones que obligaron a revisar más de una certeza.
En una Universidad pública, presentar una investigación no debería entenderse como un acto de lucimiento personal. Significa devolver a la sociedad una parte de aquello que ella hizo posible. Cada libro producido con recursos, tiempo y esfuerzo institucional contiene, en última instancia, una deuda con la comunidad que sostiene la educación pública.
En ese contexto, al concluir la última exposición ocurrió algo sencillo. La investigadora que cerraba la jornada tuvo el gesto espontáneo de ofrecer un pequeño brindis. No figuraba en el programa, no había sido planificado ni requería ceremonial alguno. Era apenas una manera afectuosa de celebrar que habíamos llegado al final y de agradecer a quienes nos habían acompañado.
En ese momento vi a una alta autoridad universitaria. Se encontraba junto a otras dos autoridades de la institución. Me acerqué a saludarlo y, como responsable de la organización, lo invité a compartir aquel breve momento. Lo hice con naturalidad, sin calcular precedencias, cargos ni protocolos. Creí que bastaba la hospitalidad.
Su respuesta fue categórica: «¡Yo no voy donde no me han invitado!!». Por un instante pensé que estaba bromeando. Le respondí totalmente sorprendida y con un tono delicado: «…pero, lo estoy invitando». Entonces la autoridad en cuestión, hizo una pausa y añadió con un tono exageradamente patriarcal: «Es una falta de respeto!!». No supe qué contestar. Le di las gracias, pedi disculpas y me retiré.
Las dos personas que lo acompañaban habían escuchado el intercambio. Su presencia hizo más incómodo el momento, no porque yo creyera haber cometido una falta, sino porque acababa de ser reprendida públicamente por una ofensa cuyo alcance aun ahora, no logro comprender.
He regresado varias veces a esa escena. Supongo que la autoridad consideró impropio incorporarse a un brindis para el cual no había recibido una invitación formal. Quizá su reclamo no se refería al brindis, sino a las presentaciones que ya habían concluido. No puedo saberlo, porque no lo explicó. Tampoco corresponde atribuirle una intención que no expresó. Solo puedo narrar lo sucedido, examinar la asimetría que atravesó aquel diálogo y reconocer el sabor amargo que dejó en mí.
La frase no se limitó a rechazar una invitación, pues su impacto va mucho allá. Estableció una clara frontera. De un lado quedó la autoridad que se consideraba agraviada; del otro, la persona que, después de acercarse con cortesía, fue situada en el lugar de quien había cometido una infracción. La hospitalidad quedó convertida en atrevimiento y el gesto de proximidad fue reinterpretado como desconocimiento de una jerarquía. Precisamente, en esa inversión se condensa la lógica del poder.
La gramática política de la jerarquía
El poder no habita únicamente en los estatutos, las resoluciones, los presupuestos o las oficinas. También se materializa en los gestos, en los tonos de voz, en las pausas y en la facultad de definir unilateralmente qué conducta es respetuosa y cuál merece una reprimenda. El poder se vuelve especialmente visible cuando una de las partes puede emitir una sentencia sin explicarla, mientras la otra queda obligada a revisar su comportamiento y a preguntarse qué hizo mal.
He decidido omitir el nombre de la autoridad porque este artículo no pretende organizar un escándalo alrededor de una persona. El problema es más profundo. Una escena adquiere relevancia pública cuando permite observar una forma de relación que puede repetirse más allá de sus protagonistas. La identidad individual importa menos que la lógica institucional condensada en el gesto, aunque esa lógica se vuelva perceptible precisamente porque quien habla se encuentra investido de autoridad.
No pude evitar pensar en los periodos electorales. En esas temporadas, los pasillos universitarios se llenan de manos extendidas. Quienes aspiran a ocupar cargos saludan, sonríen, escuchan con paciencia y hablan de puertas abiertas. Los rostros dejan de ser anónimos, las demandas parecen urgentes y la comunidad es invocada como fundamento de todos los proyectos. Cada voto adquiere valor y cada persona parece merecer atención.
Después llegan los cargos, las oficinas, los vehículos, las secretarías y las agendas. Entonces, en algunos casos, cambia hasta la gramática del poder. Durante la campaña se habla de nosotros; una vez alcanzado el cargo, reaparece el ustedes. Antes se estrechan manos; después se administran audiencias. Antes se promete cercanía; después se exige protocolo. La comunidad, que durante las elecciones era presentada como protagonista, vuelve a convertirse en público, subordinado o simple paisaje institucional.
Cuando la cercanía termina en el momento en que se cuentan los votos, deja de ser una convicción democrática y revela su naturaleza instrumental. No era proximidad, era campaña. No era escucha, era cálculo. No era reconocimiento, era una transacción destinada a conquistar adhesiones.
La Universidad resulta especialmente contradictoria cuando reproduce estas prácticas. Es una institución que enseña a cuestionar la dominación, analizar las desigualdades y desconfiar de los poderes naturalizados. Sin embargo, puede albergar en su vida cotidiana pequeñas cortes burocráticas, ceremonias de obediencia y distancias que contradicen aquello que se proclama desde las aulas.
No hace falta que una Universidad se convierta en un colegio militar para que aparezcan códigos de rango, silencios disciplinados y obediencias tácitas. Basta con que algunas personas aprendan que un cargo no solo les otorga responsabilidades, sino también una supuesta superioridad moral. Basta con que los demás aceptemos que ciertas frases no pueden discutirse porque fueron pronunciadas desde arriba.
El problema no es la existencia de jerarquías. Toda institución necesita responsabilidades diferenciadas, mecanismos de representación y espacios de decisión. El problema comienza cuando la jerarquía deja de organizar funciones y empieza a clasificar dignidades; cuando el cargo ya no es entendido como una responsabilidad temporal, sino como una elevación personal; cuando alguien supone que merece una consideración que no está obligado a ofrecer a los demás.
Una autoridad elegida no recibe una corona. Recibe un mandato prestado.
Los votos no son peldaños para alejarse de quienes los otorgaron. Son una obligación de responder ante ellos. La autoridad universitaria no pertenece a quien la ejerce, porque procede de una comunidad y debe justificarse permanentemente ante ella. Confundir el mandato con una propiedad personal constituye una de las primeras deformaciones del poder.
Por eso, la democracia universitaria no termina cuando se cierran las urnas. Comienza precisamente después. Su calidad no se mide solamente por la regularidad de las elecciones, el número de resoluciones aprobadas o la solemnidad de los discursos. También se revela en la manera en que una autoridad atraviesa un pasillo, escucha una observación, recibe un saludo o responde a una invitación inesperada.
Tal vez aquella autoridad solo quiso defender una regla protocolar que yo desconocía. Si fue así, habría bastado decir: «Muchas gracias, pero no puedo acompañarlos». Incluso podía expresar que habría preferido recibir una invitación previa. Nada de eso habría sido ofensivo. La cortesía no obliga a aceptar todas las invitaciones, pero sí recuerda que detrás de cada gesto existe una persona cuya dignidad no depende del lugar que ocupa en el organigrama.
La expresión «es una falta de respeto» invirtió los lugares. Quien se acercó para ofrecer hospitalidad terminó convertida en autora de una afrenta. Esa inversión permite reconocer una forma vertical de entender la autoridad: el respeto deja de concebirse como una relación recíproca y se transforma en un tributo que debe ascender desde quienes tienen menos poder hacia quienes ocupan los cargos más altos.
Pero el respeto que solo asciende no es respeto. Es obediencia revestida de buenos modales.
La consideración auténtica circula en ambos sentidos. Reconoce la dignidad de quien dirige, pero también la de quien investiga, enseña, organiza una actividad, atiende una oficina, limpia un espacio o sostiene silenciosamente la vida universitaria. Una institución democrática no puede exigir deferencia hacia arriba mientras normaliza la indiferencia hacia abajo.
Las escenas de esta naturaleza producen, además, una pedagogía silenciosa. Quienes las presencian aprenden quién puede reprender y quién debe retirarse; quién tiene derecho a sentirse ofendido y quién debe justificar hasta sus gestos de cortesía. Así se reproduce el poder, no solo por medio de reglamentos, sino mediante pequeñas lecciones cotidianas que enseñan a cada persona cuál es el lugar que se espera que ocupe.
No escribo estas palabras para prolongar un desencuentro. Las escribo porque las escenas aparentemente insignificantes permiten observar aquello que los grandes discursos suelen esconder. Es fácil hablar de democracia, comunidad y servicio cuando existe una elección por ganar. La verdadera prueba comienza cuando ya no se necesitan votos y alguien se aproxima sin otro propósito que saludar.
Una Universidad no se vuelve autoritaria únicamente por medio de decisiones extraordinarias. También puede deteriorarse mediante la acumulación de pequeñas humillaciones, silencios prudentes y jerarquías que nadie se atreve a interrogar. Cada vez que una función se convierte en rango, que un mandato se transforma en privilegio o que la cortesía es castigada como insolencia, la comunidad universitaria pierde algo de su sustancia democrática.
¿Qué Universidad construimos cuando sus autoridades necesitan invitaciones formales para reconocerse parte de ella? ¿Qué clase de poder se ejerce cuando un saludo puede ser interpretado como transgresión? ¿Cuánta distancia debe acumular una autoridad para dejar de ver hospitalidad y comenzar a ver irreverencia?
Aquella noche comprendí que el poder nunca es una abstracción inocente. Tiene cuerpo, ocupa espacios y camina por los pasillos como si le pertenecieran. Se detiene ante algunas personas, pasa de largo frente a otras y, cuando habla, puede levantar fronteras con unas pocas palabras. No necesita decretos ni estrados para hacerse sentir; a veces le basta una frase pronunciada con frialdad para recordarnos quién cree tener derecho a mandar y quién debería limitarse a bajar la mirada.
También comprendí que la verdadera estatura de una autoridad no se mide por el número de ceremonias a las que es invitada, sino por su capacidad para no humillar a quien se aproxima. Los cargos son pasajeros, pero la memoria de una humillación puede permanecer mucho después de que las oficinas hayan cambiado de ocupante. Ninguna investidura debería pesar tanto como para hacer olvidar que, frente al poder, no existen seres inferiores, sino personas cuya dignidad no depende de una invitación, un protocolo ni un lugar en la jerarquía.
El poder es siempre efímero. Ningún cargo es eterno, ninguna oficina pertenece para siempre a quien la ocupa y ninguna investidura puede suspender el paso del tiempo. Las autoridades cambian, las puertas vuelven a abrirse y quienes un día fueron tratados desde la altura recuperan, mediante su palabra y su voto, la capacidad de juzgar a quienes ejercieron el mando. Porque los cargos pasan, pero la memoria política permanece.
Se avecinan tiempos electorales en la Universidad Mayor de San Andrés. Espero, por ello, que la autoridad aquí interpelada no se acerque mañana a pedirme el voto que hoy no consideró necesario respetar. Lo suscribo, desde una convicción democrática: el voto no es una dádiva ni una deuda de obediencia; es memoria, evaluación y conciencia. Quien durante el ejercicio del poder establece distancias no puede, cuando necesita legitimidad, fingir que esas distancias nunca existieron. La cercanía despreciada en un pasillo no debería ser representada después frente a una urna.
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