La libertad no puede ser selectiva. Tampoco la dignidad, ni la presunción de inocencia, ni el debido proceso. Cuando una sociedad empieza a decidir a quién se le reconocen los derechos y a quién no, deja de hablar el lenguaje de la justicia y empieza a transitar hacia el terreno peligroso de la conveniencia.
Hoy quiero expresar mi solidaridad con Mauricio Medinaceli, no desde una adhesión política ni desde la pretensión de anticipar conclusiones sobre hechos que deben ser esclarecidos por las instancias correspondientes, sino desde una convicción elemental: ninguna persona debe ser tratada como si su dignidad quedara suspendida por la presión pública, por el ruido de la coyuntura o por el juicio inmediato de la opinión colectiva.
En momentos como este, no se trata de absolver ni de condenar; se trata de respetar. Se trata de entender que la fortaleza de un estado de derecho no se mide por su capacidad de castigar con rapidez, sino por su capacidad de garantizar justicia con imparcialidad, rigor y apego a la ley. La presunción de inocencia no es una fórmula retórica: es una garantía esencial de toda democracia.
Quienes conocemos y hemos seguido de cerca la trayectoria de Mauricio sabemos que no es un nombre cualquiera ni un rostro improvisado en la vida pública. Hay en él una historia profesional que merece ser tratada con la seriedad y dignidad que exige cualquier proceso, con el respeto que merece toda persona sometida al escrutinio institucional.
Precisamente por eso, más allá de las circunstancias, corresponde exigir que se actúe con transparencia, prudencia y pleno resguardo de los derechos fundamentales.
Nada debilita más a una democracia que convertir el proceso en espectáculo o la sospecha en sentencia.
Porque cuando los derechos se vuelven selectivos, dejan de ser derechos y pasan a ser privilegios.
La verdadera madurez democrática consiste en defender los principios incluso cuando resulta incómodo hacerlo. Y en tiempos de tensión, esa es la prueba más difícil, pero también la más necesaria.
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