La mayoría de los integrantes del Senado Nacional aprobó la noche de este jueves el proyecto de ley de regulación de estados de sitio y lo remitió a la Cámara de Diputados para que sus miembros lo debatan y lo aprueben en el contexto del conflicto que sacude al país. El instrumento que tuvo el aval de los legisladores presume la legalidad de los policías y militares que sean parte de los operativos y define el patrocinio legal institucional de los uniformados.
“Las actuaciones realizadas por miembros de la Policía Boliviana y de las Fuerzas Armadas durante el estado de excepción gozarán de presunción de legalidad”, dice el artículo 26 del proyecto aprobado. La aprobación del proyecto de ley ocurre en medio de una presión social fuerte para que el gobierno resuelva el conflicto social que se inició a principios de mayo, desde cuando se inició el bloqueo de caminos, afectando principalmente al departamento de La Paz.
El proyecto de ley aprobado define que el estado de excepción es “el régimen jurídico extraordinario y temporal dictado por la Presidenta o el Presidente del Estado Plurinacional de Bolivia, destinado a preservar el orden constitucional y la seguridad del Estado ante situaciones excepcionales de seguridad del Estado, amenaza externa, conmoción interna o desastre natural”.
Señala que la Policía Boliviana mantendrá el mando primario de las operaciones de preservación del orden público, sin perjuicio del apoyo extraordinario de las Fuerzas Armadas en los casos previstos por la Ley que fue enviada a la Cámara de Diputados.
Define que cuando la Policía Boliviana haya sido superada en caso de conmoción interna o cuando se configure insuficiencia operativa sobreviniente, el Órgano Ejecutivo podrá disponer el apoyo extraordinario, temporal, proporcional y territorialmente delimitado de las Fuerzas Armadas, que acatarán órdenes emitidas por “mecanismos formales escritos”.
Establece que el Órgano Ejecutivo, de acuerdo a las circunstancias que motiven el estado de excepción, podrá determinar la vigencia del estado de excepción hasta 90 (noventa) días.
La Constitución Política del Estado define que debe haber una ley regulatoria de los estados de excepción, con fines de preservación de los derechos humanos y garantías constitucionales y para poner límites a las actuaciones de la Policía y las Fuerzas Armadas.
En esta ley, además, se establece un marco de protección jurídica de los policías y militares, con el fin de evitar que queden abandonados por el Estado en el caso de que sean procesados como consecuencia de sus actos.
“El Órgano Ejecutivo mediante los Ministerios competentes, con la finalidad de preservar los derechos y garantías constitucionales, deberá proporcionar patrocinio legal a las servidoras y servidores públicos, miembros de la Policía Boliviana y de las Fuerzas Armadas que sean sometidos a investigación, proceso judicial o administrativo por actos ejecutados durante el estado de excepción”, señala el proyecto de ley.
Y luego complementa que el patrocinio legal “no alcanzará actos manifiestamente arbitrarios, tortura, desaparición forzada, ejecuciones extrajudiciales, violencia sexual, tratos crueles, inhumanos o degradantes ni violaciones graves de derechos humanos”.
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