El conflicto social impulsado por diferentes sectores sociales del país se focaliza en el departamento de La Paz y principalmente en El Alto y la ciudad sede de gobierno. Gran parte de los bloqueos de carreteras, las marchas de protestas y el incremento en los precios de los productos afectan a los habitantes de esta región.
La Central Obrera Boliviana había anunciado el bloqueo de las mil esquinas después de la frustrada huelga general e indefinida. No hubo el cierre de tal número de puntos, pero si una marcha que complicó el tránsito en el centro de la ciudad de La Paz y que fue protagonizada por los trabajadores mineros
“Hoy estamos cumpliendo la instructiva de la COB en este punto de bloqueo. La instructiva dice que será todo el día. Este es un paro escalonado que se dará en todo el país”, indicó el ejecutivo de los mineros federados, Andrés Paye.
La Federación de Trabajadores Campesinos de La Paz tiene más de 40 puntos de bloqueo, principalmente en el altiplano lacustre, lo que ha afectado a sus localidades turísticas: Copacabana, Sorata y Tihuanacu, entre otras.
Los campesinos exigían una solución a la dotación de combustible de mala calidad, pero ahora hay grupos que demandan la renuncia del presidente Rodrigo Paz. El bloqueo de carreteras afectas también a los municipios vecinos de La Paz: Achocalla y Mecapaca, cuyos vecinos reclaman por los graves perjuicios en los bolsillos.
En ese marco, el comandante de la Policía Boliviana, general Mirko Sokol, informó que de los 67 puntos de bloqueo instalados en el territorio nacional, 50 se encuentran en el departamento de La Paz.
“Tenemos a la fecha, 67 puntos de bloqueo, de los cuales 50 se encuentran en el departamento de La Paz, tanto rurales como urbanos”, precisó el jefe policial.
Las movilizaciones de la COB están acompañadas por su “brazo fuerte”, la Federación Sindical de Trabajadores Mineros de Bolivia (FSTMB), organización que comenzó sus movilizaciones el pasado miércoles. El pedido de este sector es el mismo que el de la COB.
Los indígenas de Pando y Beni que llegaron la anterior semana a la sede de Gobierno constituyen el otro sector social que protesta contra el gobierno de Paz y por la abrogación total de la Ley 1720.
Finalmente, los evistas, que se oponen al procesamiento penal del expresidente Evo Morales por un caso de trata de persona, iniciaron una marcha desde Caracollo, movilización a la que denominaron “Marcha por la Vida para Salvar a Bolivia”.
Las principales demandas de esta movilización son la defensa de la canasta familiar, el rechazo a las reformas de la Constitución Política propuestas por el Gobierno de Paz el pasado sábado en el Encuentro por el País y el cese de los procesos contra el expresidente Evo Morales.
En ese marco, este martes, el ministro de Obras, Mauricio Zamora, expresó su rechazo a los bloqueos de caminos y movilizaciones que piden la renuncia del Gobierno. Dijo que estas protestas serían financiadas y apuntó al Chapare por ello.
“El Chapare nos está invadiendo. El Chapare va a invadir el Alto y va a invadir La Paz ¿Vamos a dejar que pase eso? ¿Vamos a dejar que nos afecte? No”, expresó Zamora.
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