La Ley 1720 se ha convertido en uno de los debates más delicados y trascendentales de los últimos años en Bolivia. Presentada por el Gobierno y defendida por sectores agroindustriales como una herramienta para “modernizar” el campo y facilitar el acceso al crédito productivo, la norma ha provocado una fuerte resistencia de organizaciones indígenas, campesinas y colectivos defensores del territorio que advierten un peligro mucho más profundo: la reconcentración de la tierra y el debilitamiento de la protección histórica de la pequeña propiedad rural.
El núcleo de la controversia está en que la ley permite la conversión voluntaria de pequeñas propiedades tituladas en medianas propiedades, habilitando su uso como garantía bancaria y su eventual inserción plena en el mercado de compra y venta de tierras. Para sus defensores, esto abriría posibilidades de financiamiento y productividad para pequeños productores; para sus críticos, se trata de la puerta de entrada a un proceso silencioso de endeudamiento, pérdida de tierras y fortalecimiento del agronegocio.
La Fundación TIERRA ha sido una de las instituciones más críticas de esta normativa. Su análisis advierte que la ley modifica aspectos sensibles del régimen agrario boliviano sin haber desarrollado una consulta previa amplia con pueblos indígenas y comunidades campesinas. Además, observa que la suspensión de verificaciones de la Función Económica Social (FES) y la flexibilización sobre la propiedad podrían beneficiar principalmente a grandes actores agropecuarios y ganaderos interesados en ampliar sus áreas de influencia territorial.
La preocupación no es menor. Bolivia arrastra una larga historia de desigualdad en la distribución de la tierra. La Revolución Nacional de 1952 intentó precisamente desmontar la estructura latifundista que concentraba el poder económico y político en pocas manos. Décadas después, los conflictos por avasallamientos, desmontes ilegales y expansión agroindustrial muestran que el problema nunca desapareció del todo. Por eso, muchos sectores interpretan la Ley 1720 no como una simple reforma técnica, sino como un cambio estructural en el modelo agrario boliviano.
El periodista Andrés Gómez ha señalado que detrás del discurso de “modernización” existe una narrativa profundamente funcional a los intereses de los grandes grupos económicos del oriente boliviano. La idea de convertir la tierra en un activo financiero parece razonable en teoría; sin embargo, en la práctica boliviana puede traducirse en algo mucho más peligroso: pequeños productores endeudados frente a bancos y grupos empresariales con enorme capacidad de absorción económica.
La experiencia latinoamericana demuestra que cuando la tierra entra plenamente en dinámicas especulativas de mercado, los sectores más vulnerables suelen perder. Un productor/a campesino/a que hipoteca su parcela para acceder a crédito queda expuesto no solo a las fluctuaciones del mercado, sino también a sequías, incendios, caída de precios y crisis económicas. En contextos de alta precariedad, la posibilidad de perder la tierra deja de ser hipotética.
Por eso la marcha indígena y campesina que llegó desde Pando y Beni hasta La Paz tiene una carga simbólica tan poderosa. Los marchistas no solo rechazan una ley; cuestionan un modelo de desarrollo que sienten cada vez más ajeno a sus territorios y formas de vida. Denuncian que la norma fue aprobada sin consulta suficiente y alertan que podría abrir el camino al despojo progresivo de comunidades amazónicas y campesinas.
Sus demandas conectan además con una preocupación ambiental de fondo. En Bolivia, la expansión agroindustrial ha estado vinculada en los últimos años al incremento de desmontes, incendios forestales y presión sobre territorios indígenas. La frontera agrícola continúa creciendo bajo el argumento de aumentar exportaciones y generar divisas, mientras el país enfrenta una crisis ecológica cada vez más severa. Pensar la tierra únicamente como mercancía o garantía financiera implica ignorar su dimensión social, cultural y ambiental.
Sin embargo, tampoco sería serio negar que existe un problema real de productividad rural y acceso al financiamiento. Muchos pequeños productores, hombres y mujeres, viven atrapados/as en economías de subsistencia sin acceso a crédito, tecnología ni mercados competitivos. El desafío está en cómo resolver ese problema sin convertir la vulnerabilidad campesina en oportunidad de expansión para grandes conglomerados agroindustriales.
Ahí aparece precisamente la visión interesada de ciertos sectores empresariales del agro. Las organizaciones agroindustriales y ganaderas han defendido con fuerza la Ley 1720, argumentando que permitirá dinamizar la producción y atraer inversiones. Pero detrás de ese discurso productivista existe también un interés evidente en flexibilizar el acceso a tierras y consolidar un modelo agroexportador basado en grandes extensiones, monocultivos y concentración económica.
El problema de fondo no es solamente jurídico; es político y ético. ¿Qué modelo agrario quiere Bolivia? ¿Uno basado en diversidad productiva, seguridad alimentaria y protección territorial de comunidades indígenas y campesinas? ¿O uno orientado principalmente a la expansión del agronegocio exportador?
La Ley 1720 ha abierto un debate imprescindible porque obliga a discutir quién controla la tierra, para qué se produce y quiénes se benefician realmente del desarrollo. En un país donde la tierra ha sido históricamente sinónimo de poder, cualquier modificación sobre su régimen de propiedad no puede tratarse como un asunto meramente técnico.
Modernizar el agro es necesario. Facilitar crédito productivo también. Pero hacerlo sacrificando garantías históricas de protección territorial puede terminar reproduciendo exactamente aquello que Bolivia intentó superar hace más de medio siglo: la concentración de la tierra y la exclusión de quienes la trabajan.
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