El pasado jueves 29, el senador Leonardo Roca divulgó una solicitud de informe al Ejecutivo sobre las funciones del argentino Fernando Cerimedo en el gobierno del presidente Rodrigo Paz. Indudablemente, la influencia en las decisiones del poder de quien no fue elegido por el pueblo ni contratado como funcionario para tal efecto despierta legítimas susceptibilidades.
El papel de las “eminencias grises” suele tener resultados bochornosos. Basta recordar las experiencias de José López Rega en la Argentina de Isabel Perón o de Vladimiro Montesinos Torres en el Perú de Alberto Fujimori. Sin embargo, en Bolivia, el fenómeno de los “asesores” parece ostentar características peculiares. En otras latitudes, los mentores de este tipo, mal que bien, integran el aparato administrativo y son parte de la fauna política local. En Bolivia, parece requisito que sean extranjeros y que estén por encima de la nómina burocrática estatal.
Y es que este tipo de asesoramiento no se circunscribe al ejercicio de la principal función estatal en Bolivia. En nuestro país, es común que, en períodos electorales, los principales contendientes rivalicen en contratar asesoramiento extranjero –cuanto más exótico, mejor– para lograr el soporte electoral de los bolivianos. ¡Con el fin de determinar el apoyo de los bolivianos y diseñar, a partir de ello, tácticas y programas, es indispensable el cerebro y la agudeza extranjera!
Debemos suponer que tal tipo de dependencia, anímica y funcional, debe tener raíces históricas profundas y sólidos enramados culturales. ¿Será parte de nuestra “identidad nacional”?
Es común cavilar sobre nuestros antagonismos internos, entre descendientes de indígenas y herederos de los ocupantes. Tendemos a considerar que Bolivia es la permanencia de una contradicción no resuelta entre factores disímiles y antagónicos. Deberíamos plantearnos también la posibilidad de que Bolivia sea la inmovilidad surgida de la conjunción de factores paralizadores por su semejanza y afinidad.
El individualismo ibérico de los “conquistadores” no se contrastó con el comunitarismo del Tawantinsuyu, sino que se moldeó con el personalismo acendrado de los originarios, dando nacimiento al boliviano tal como ahora lo conocemos. Cuando el presidente Gonzalo Sánchez de Lozada promulgó en abril de 1994 la Ley N° 1551, conocida como Ley de Participación Popular, lo hizo, respecto a la municipalización rural e indígena, con supuestos teóricos ficticios sobre esa población. El pachamamismo, entonces naciente, obnubiló lo social con mitologías culturalistas que justificaban, por ejemplo, a las OTB (Organizaciones Territoriales de Base), como luego durante el MAS se alegó a las autonomías comunitarias y al Fondo Indígena.
Producto de la Ley 1551 fueron los gobiernos municipales en los que, por primera vez, había autoridades ediles indígenas. Estos gobiernos municipales compitieron en la cantidad de asesores –todos criollos y culturalmente alejados de sus empleadores–. Estos asesores eran quienes, en la práctica, dirigían y gobernaban esas alcaldías. El alcalde era la figura ornamental, útil solo para la comunicación y discusión con la base electoral y administrada, a la cual no podían llegar –tampoco les interesaba– los asesores, cultural y socialmente distintos a esas bases sociales.
En un nivel superior, ¿es lo que sucede con los gobiernos nacionales en Bolivia? Detrás de un poder admitido está siempre implícita una valoración del mismo. El actual presidente Rodrigo Paz dirige el Estado en un momento de transición que definirá el futuro de nuevos ciclos en Bolivia. Disponer de un asesor extranjero, a quien la percepción popular le atribuye un señorío y poder de manipulación que quizás no tiene, puede desentonar con las definiciones que le incumben como gobernante. Ya lo dijo un avezado gobernador: la mujer del César, además de ser honrada, debe parecerlo.
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