Bolivia tiene una deuda pendiente con las sobrevivientes de violencia sexual. La Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) lo estableció hace tres años, cuando determinó la responsabilidad internacional del Estado boliviano por no investigar ni sancionar con la debida diligencia el caso de Brisa de Angulo, víctima de violencia sexual a los 16 años. Desde entonces, Bolivia tiene la obligación de reformar su marco legal. La Cámara de Diputados tiene ahora la oportunidad de cumplir con esa obligación: la Ley Brisa es esa reforma.
La Corte IDH estableció que Bolivia debe reformar su ley de violencia sexual
En 2022, la Corte IDH concluyó que Bolivia violó el derecho de acceso a la justicia de Brisa de Angulo Losada. Brisa era adolescente cuando fue víctima de violación por parte de un familiar adulto. El sistema de justicia respondió con demoras, estereotipos discriminatorios y revictimización. El resultado fue la impunidad.
La sentencia de la Corte IDH estableció estándares claros. El consentimiento debe ocupar un lugar central en el análisis de estos delitos. No puede inferirse del silencio, la falta de resistencia ni la conducta previa de la víctima, especialmente cuando existen relaciones de poder.
Las figuras penales como el estupro, que minimizan la violencia sexual contra adolescentes al basarse en nociones de seducción, engaño o consentimiento viciado, son incompatibles con el derecho internacional y deben eliminarse.
¿Qué modifica la Ley Brisa en el Código Penal boliviano?
El Proyecto de Ley N° 010 (“Ley Brisa”) busca traducir esos estándares en norma. Es el resultado de un proceso impulsado por Brisa, organizaciones bolivianas de derechos humanos, sobrevivientes y expertas que han sostenido durante años la necesidad de esta reforma.
El tratamiento legislativo de la Ley Brisa ha generado un debate público amplio, en el que también han circulado argumentos que distorsionan su contenido.
Uno de los más manipulados es el relativo al estupro. Se ha dicho que, al abolir la figura del estupro, la ley eliminaría la protección a las adolescentes. Eso es falso. Las conductas que hoy se tipifican como estupro, muchas ejercidas mediante engaño o seducción, pasarán a reconocerse bajo la figura penal de violación de infante, niña, niño o adolescente. Las adolescentes recibirán mayor protección, no menor.
Tampoco es cierto que esta reforma vaya a generar un aumento de denuncias falsas de violencia sexual. Ese argumento se repite para sembrar temor, pero no está respaldado por la evidencia. Lo que sí muestran los casos es la persistencia de obstáculos institucionales, falta de perspectiva de género y niñez, y prácticas revictimizantes que siguen debilitando la respuesta del sistema de justicia.
Lo que Bolivia ya hizo y lo que todavía falta
En estos tres años desde la sentencia de la Corte IDH, el Estado dio algunos pasos. Capacitó a algunos jueces, fiscales y fuerzas policiales. La Fiscalía General inició la adecuación del Protocolo Iberoamericano para la Investigación de Casos de Violencia Sexual al contexto boliviano. Esos avances son reales, pero insuficientes.
Sin la ley aprobada, los protocolos carecen de sustento normativo. Los operadores de justicia no tienen directrices claras. La transformación de prácticas arraigadas en estereotipos discriminatorios requiere reforma legal, no solo sensibilización.
La aprobación de la ley abre la puerta a los pasos siguientes: garantizar presupuesto para su implementación, establecer mecanismos de monitoreo del cumplimiento de la sentencia, y producir los datos desagregados que permitan entender qué ocurre con las denuncias de violencia sexual en Bolivia.
Aprobar la Ley Brisa es una obligación internacional
Desde Equality Now, organización que litigó el caso de Brisa ante la Corte IDH, seguimos de cerca el proceso legislativo boliviano. Lo que está en juego no es solo el cumplimiento de una sentencia internacional. Es la señal que el Estado le da a cada sobreviviente sobre si su experiencia importa y si la justicia es posible.
La Cámara de Diputados tiene hoy la oportunidad de impulsar una reforma que Bolivia ha postergado por demasiado tiempo. Aprobar la Ley Brisa sería un paso concreto para fortalecer la respuesta del Estado y avanzar en justicia para Brisa y para tantas sobrevivientes.
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