Noviembre 18, 2026 -HC-

Polémica por Yahuasi: Ávila plantea revisar régimen de habilitación de candidatos y de partidos políticos


Lunes 6 de Abril de 2026, 11:00am




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6 de abril (Urgente.bo).- Gustavo Ávila, presidente del Tribunal Supremo Electoral (TSE), respondió tres preguntas a Urgente.bo sobre la declinatoria de la segunda vuelta para la Gobernación de La Paz por parte de Nueva Generación Patriótica (NGP), decisión que dejó fuera a René Yahuasi.

La autoridad electoral lamentó que, en primera instancia, este tema sea utilizado para cuestionar o deslegitimar la labor del ente electoral. Asimismo, afirmó que Yahuasi está en su derecho de interponer los recursos legales que considere pertinentes.

Sin embargo, Ávila también señaló que este caso evidencia la necesidad de encarar una actualización integral de la Ley N° 026 del Régimen Electoral. Como punto fundamental, sostuvo que se debe revisar y ajustar el régimen de habilitación e inhabilitación de candidatos, además de introducir mejoras en el funcionamiento de las organizaciones políticas.

ESTAS SON LAS TRES PREGUNTAS QUE RESPONDIÓ ÁVILA A URGENTE.BO

1.-¿Qué lectura tiene de las críticas que ha despertado la declinatoria de la segunda vuelta para la Gobernación de La Paz? ¿Hay muy pocas de apoyo a la decisión del TSE?

R.- Una de las funciones esenciales de un tribunal es resolver controversias entre partes con estricta sujeción a la ley y bajo principios de imparcialidad. En ese contexto, es natural que, ante un conflicto, alguna de las partes pueda sentirse afectada por una decisión, especialmente cuando esta resulta impopular. Sin embargo, ello no puede ni debe condicionar el cumplimiento de la normativa vigente.

Desde el Tribunal Supremo Electoral hemos manifestado en reiteradas ocasiones nuestra posición crítica respecto a determinados aspectos de la actual normativa electoral. No obstante, mientras esta se encuentre vigente, nuestra obligación es aplicarla de manera estricta, independientemente de las valoraciones políticas o de la percepción pública que pueda generar una decisión.

Actuamos con la tranquilidad de que todas nuestras determinaciones se encuentran plenamente respaldadas en el marco legal. En ese sentido, lamentamos que algunos actores políticos, excandidatos y opinadores utilicen este tema para cuestionar o deslegitimar al Tribunal.

Por supuesto, toda institución pública está sujeta al escrutinio y a la crítica, sin embargo consideramos que no es adecuado instrumentalizar este tipo de decisiones con fines políticos o como un mecanismo de presión para inducir al Tribunal a apartarse de la ley.

2.- René Yahuasi ha señalado que presentó un recurso extraordinario de revisión ante el TSE para que se reponga la segunda vuelta. Además, anunció que acudirá a la justicia para revertir esta decisión. ¿Es posible un cambio de decisión?

R.- El señor René Yahuasi, como cualquier ciudadano, tiene el pleno derecho de interponer los recursos y acciones que la normativa vigente le franquea.

No obstante, en mi condición de autoridad electoral, no corresponde emitir criterio sobre la viabilidad o eventual resultado de dichos recursos, ya que ello implicaría un adelantamiento de criterio. En caso de que estos sean puestos en conocimiento de la Sala Plena, deberán ser analizados y resueltos conforme a derecho y en el marco de las competencias institucionales.

3.- Usted ha planteado la necesidad de actualizar la Ley del Régimen Electoral. Considerando los hechos recientes, ¿cuáles serían los principales cambios que sugiere impulsar?

R.- Es necesario encarar una actualización integral del marco normativo electoral. La experiencia de los últimos procesos ha evidenciado vacíos y ambigüedades que deben ser corregidos para otorgar mayor certeza jurídica.

Entre los aspectos más urgentes, considero fundamental revisar y ajustar el régimen de habilitación e inhabilitación de candidaturas, que ha sido uno de los puntos más controversiales y recurrentes en los últimos procesos electorales.

Asimismo, es importante introducir mejoras en el régimen de las organizaciones políticas, así como en la regulación de los estudios de opinión en materia electoral, entre otros componentes del sistema. El objetivo debe ser contar con una normativa más clara, coherente y previsible, que fortalezca la transparencia y la confianza en los procesos electorales.