En La Paz, una sentencia reciente no solo ha reabierto una herida que nunca debió existir, sino que ha dejado al descubierto una verdad incómoda. Los diez años de prisión impuestos a un portero del Colegio Alemán Mariscal Braun por el delito de abuso sexual contra niñas de prekínder trascienden el ámbito de un fallo judicial: revelan una trama persistente de omisiones, silencios y complicidades que no pueden atribuirse únicamente al agresor, sino a un entorno que falló en lo más esencial, proteger a la infancia.
Lo verdaderamente alarmante no es únicamente el crimen —ya de por sí devastador—, sino la respuesta institucional que priorizó el prestigio por encima de la protección de la niñez.
Cuando una niña de tres años denuncia abuso, el deber ético y legal de cualquier adulto/a es escuchar, creer y actuar. Sin embargo, en este caso, profesoras, directivos e incluso otras madres y padres optaron por la negación o la indiferencia. Este patrón no es nuevo resulta de una lógica perversa donde las instituciones buscan preservar su imagen pública, aun a costa de silenciar a las víctimas. Así, el daño se multiplica. No solo se vulnera la integridad física y emocional de las niñas, sino que se les arrebata la confianza en las y los adultos que debían protegerlas.
El testimonio de las madres revela un escenario aún más inquietante. Dos casos distintos, dos niñas que no se conocían, pero una misma estructura de encubrimiento. La reiteración del delito bajo condiciones similares —en el mismo espacio educativo, con conocimiento previo de docentes— no deja lugar a dudas: no se trató de hechos aislados, sino de una falla sistémica. Cuando las profesoras saben y no actúan, dejan de ser meras espectadoras para convertirse en cómplices por omisión.
A esto se suma la liberación de uno de los acusados bajo sospechas de corrupción judicial. Este hecho erosiona aún más la confianza en el sistema de justicia. ¿Qué mensaje se envía a las víctimas cuando un agresor queda en libertad? ¿Qué incentivo tienen otras familias para denunciar si perciben que el proceso puede terminar en impunidad? La justicia parcial no es justicia, es una forma más de violencia institucional.
Pero quizá el aspecto más doloroso de este caso es el aislamiento de las madres denunciantes. En lugar de recibir apoyo, enfrentaron incredulidad, ataques, presión social, calumnias y abandono. Incluso actores externos, como instancias diplomáticas, habrían optado por el silencio. También la conocida feminista “de las barricadas”, Maria Galindo dio la espalda a una de las madres y ahora prefiere dedicarse a ser influencer de la farándula. Ni que decir de la abogada de una de las madres que la traicionó y se dio la vuelta seguramente por unos billetes más.
Este fenómeno revela una verdad incómoda que la violencia contra la infancia no se sostiene solo por la acción de los agresores, sino también por la pasividad —o complicidad— de la sociedad.
Frente a esta realidad, no basta con condenar a los culpables directos. Es imprescindible cuestionar y transformar las estructuras que permitieron que estos abusos ocurrieran y se repitieran. Las instituciones educativas deben asumir protocolos claros, transparentes y obligatorios de prevención y denuncia. La formación docente debe incluir herramientas para identificar y actuar ante situaciones de abuso. Y la sociedad, en su conjunto, debe romper con la cultura del silencio que protege a los agresores.
La infancia no puede defenderse sola. Depende de adultos/as que estén dispuestos a incomodarse, confrontar y actuar. Cada vez que una institución calla para proteger su reputación, se convierte en cómplice del daño. Y cada vez que una denuncia es ignorada, se abre la puerta a que el abuso continúe.
En medio de la indiferencia y el encubrimiento, el coraje de las madres se erige como un acto profundamente transformador. Al alzar la voz y sostener la denuncia, no solo buscaron justicia, sino que les ofrecieron a sus hijas una lección vital: el amor también es defensa inquebrantable frente a la injusticia. A pesar del desgaste emocional, la presión social y los obstáculos institucionales, ellas eligieron creer, proteger y resistir. Con cada paso, les dijeron con hechos lo que toda víctima necesita escuchar: “tú no eres culpable”. Y sembraron una certeza para el futuro: podrán caminar con la frente en alto, con dignidad y sin vergüenza, porque es la sociedad —y no las víctimas— la que debe aprender a cargar con el peso de la vergüenza y el miedo.
Este caso no debería cerrarse con una sentencia. Debería marcar un punto de inflexión. Porque la verdadera justicia no es solo castigar, sino garantizar que nunca más una niña tenga que suplicar ayuda sin ser escuchada.
Bibliografía
- Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF). (2023). Violencia contra la niñez: avances y desafíos en América Latina.
- Organización Mundial de la Salud (OMS). (2022). Prevención del abuso sexual infantil: guía para sistemas educativos.
- Defensoría del Pueblo de Bolivia. (2024). Informe sobre violencia sexual contra niñas, niños y adolescentes en Bolivia.
- Echeburúa, E., & Guerricaechevarría, C. (2021). Abuso sexual en la infancia: víctimas y agresores. Editorial Ariel.
