La Fiscalía Departamental de Santa Cruz anunció la noche de este martes que pedirá la detención preventiva del alcalde Jhonny Fernández en la cárcel de Palmasola. El edil fue aprehendido en el marco del caso pavimento, que investiga presuntas irregularidades en al menos 16 proyectos de pavimentación rígida del municipio.
El fiscal departamental Alberto Zeballos Flores, informó que, tras la declaración informativa del burgomaestre, el Ministerio Público determinó emitir una resolución fiscal fundamentada de aprehensión, al considerar que existen elementos de convicción suficientes sobre la comisión de los delitos de incumplimiento de deberes y conducta antieconómica.
“Contamos con indicios racionales que permiten sostener la existencia del hecho y la probable participación del investigado. Por ello, la Fiscalía pondrá a disposición de la autoridad jurisdiccional al imputado y requerirá la medida excepcional de detención preventiva, considerando riesgos de fuga y de obstaculización”, señaló Zeballos en conferencia de prensa, acompañado por la fiscal del caso, Milenka Rodas.
Según el informe fiscal, la investigación se origina en una denuncia presentada en diciembre de 2025 por el entonces concejal Manuel Saavedra, sustentada en un informe preliminar de auditoría operacional de la Contraloría General del Estado, que habría detectado falencias e irregularidades en la ejecución y administración de obras viales financiadas con recursos públicos. La auditoría observó discrepancias tras la revisión de estudios de diseño, contratos, órdenes de cambio, planillas de avance e informes de supervisión.
Zeballos detalló que, como parte de los actos investigativos, se realizaron registros y secuestros de documentación en la Secretaría Municipal de Obras Públicas, además de inspecciones técnicas oculares en tramos intervenidos, donde —según la Fiscalía— se identificaron anomalías que deberán ser corroboradas con pericias especializadas en ingeniería civil para cuantificar un eventual daño económico al Gobierno Autónomo Municipal de Santa Cruz de la Sierra.
Respecto a la salud del alcalde, la Fiscalía informó que el Instituto de Investigaciones Forenses (IDIF) practicó una valoración médica que concluyó que Fernández se encuentra estable y apto para afrontar el proceso penal. Mientras tanto, el alcalde permanece internado bajo custodia policial, a la espera de la audiencia cautelar en la que un juez definirá su situación jurídica dentro del plazo legal.
“Se va a requerir de manera objetiva y fundamentada ante la autoridad judicial la medida excepcional de la detención preventiva”, señaló el fiscal.
¿En qué consiste el caso pavimento?
La Fiscalía investiga presuntas irregularidades en la ejecución de 16 obras de pavimentación rígida que fueron pagadas, pero no ejecutadas en su totalidad, es decir, hay partes inconclusas.
En una auditoría operacional de las obras, la Contraloría General del Estado, distrito Santa Cruz, detectó falencias e irregularidades relacionadas con el manejo y la administración pública en estos proyectos.
Esa instancia analizó las 16 obras, que contemplaban 102,10 kilómetros de infraestructura vial, y detectó que varios proyectos no se concluyeron, dejando un faltante considerable de pavimento en las vías, de acuerdo con mediciones realizadas. Estas acciones corresponden a la ejecución de obras en la gestión 2023.
“Han podido detectar ciertas anomalías respecto a los resultados que ha arrojado preliminarmente este informe, basado específicamente en la medición de criterios de eficacia”, señaló el fiscal.
¿Quién denunció el caso?
El concejal y candidato a la alcaldía cruceña por la agrupación VOZ, Manuel “Mamen” Saavedra, denunció este caso en diciembre de 2025, alertando sobre hechos de corrupción en obras de pavimentación, con un presunto daño económico estimado en Bs 6,7 millones. Saavedra anexó a su demanda el informe preliminar de la Contraloría.
¿Quiénes son los denunciados?
La demanda fue interpuesta contra Jhonny Fernández, alcalde de Santa Cruz, y Sergio Luna, secretario municipal de Obras Públicas, sindicados por los delitos de presunto incumplimiento de deberes y conducta antieconómica.
“La máxima autoridad ejecutiva de la institución es responsable desde el inicio hasta la finalización de los procesos de contratación (…) pero, a su vez, también debía detectar observaciones y, en todo caso, emitir alguna resolución, ya sea de revocatoria o anulabilidad de estos procesos de licitación o contratación, para regularizar el correcto manejo de los bienes de administración pública respecto al POA de la gestión 2023”, indicó el fiscal Zeballos.
La Fiscalía emitió la orden de aprehensión para los implicados e informó que ambos se acogieron al derecho de guardar silencio.
¿Por qué se pide la detención preventiva del alcalde?
El Ministerio Público señaló que cuenta con suficientes indicios en este caso, como documentos relacionados con el estudio de diseño de las obras, contratos, órdenes de cambio, planillas de avance e informes de supervisión, además del informe de la Contraloría y los resultados de inspecciones técnicas oculares que detectaron las presuntas irregularidades.
La Fiscalía considera que también existen riesgos procesales, como el peligro de fuga y obstaculización, ya que el alcalde también fue procesado en otra causa relacionada con el mercado Mutualista.
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