Los bloqueos bloquean al que quiere al trabajo. Al que tiene que ir a vender algún producto. Al que va a su escuela o universidad. Al que transporta alimentos, diesel u otros productos. Bloquea a las ambulancias que trasladan un enfermo. Bloquean las esperanzas y las ganas de ponerle el hombro a nuestra Bolivia. Bloquean a los impulsos de desarrollo que quiere encaminarse el país. No bloquean al gobierno, sino a la gente.
¿Quién bloquea a los bloqueadores? ¿Quién les ha dicho que los bloqueos es un derecho a la protesta? No mi amigos, todo bloqueo sea el color político que tenga, venga de cualquier sector vecinal, cívico, campesinos, mineros, trabajadores en salud es ilegal, violento, anticonstitucional porque vulnera los derechos humanos a la salud, al trabajo, a la vida, al transporte, a la alimentación de todo aquel ciudadano que no es parte de cualquier bloqueo.
Además la Constitución Política del Estado nos garantiza a cada uno de los bolivianos el libre tránsito por todo el territorio nacional y para lo cual las fuerzas del orden y de la justicia tienen la potestad de evitar cualquier interrupción que se pretenda hacer si es que algún grupo impide la libre transitabilidad de personas y de carga.
El espíritu o esencia de los derechos humanos en su cumplimiento y vigencia es la garantía que todos tenemos acceso, sin ninguna restricción, a la vida, libertad, alimentación, salud, trabajo, educación, deportes, un salario digno, a elegir y ser elegido, participar. Es decir, todos somos iguales, sin discriminación, privilegios ni abusos y tener las condiciones dignas para vivir, trabajar, alimentar, estudiar, viajar, formar familias, etc.
Varios días de bloqueos por las rutas del país de ciertos sectores que en el pasado inmediato fueron los privilegiados del poder, cuyas cúpulas dirigenciales recibieron bonos, vehículos, viajes, pegas, sedes sindicales al precio de mantenerse callados y apoyando todas las medidas de los gobiernos de Evo Morales y Luis Arce.
Estos sectores que tan fácilmente arengan las banderas populares y dicen luchar por los derechos del pueblo hambriento, trabajador y humilde son una afrenta a la lucha sindical, que en Bolivia y gracias a la casta dirigencial cobista ha perdido su esencia y norte: la reinvidicacion y liberación de la clase proletaria y trabajadora.
Estos instrumentos legales y constitucionales exigen al Estado boliviano evitar toda acción que perjudique o atente a gozar de los derechos, que en el caso que nos ocupa: los bloqueos como vulneradores de los derechos humanos, no pueden ser considerados como un derecho a la protesta social, que se pueda atribuirse algún dirigente o movimiento político. No es un derecho, es una acción extrema y violenta de un grupo determinado frente al conglomerado de seres humanos que necesita trasladarse de un lugar a otro, ya sea para el trabajo, la escuela, transportarse con sus productos que le dan sustento diario o simplemente está de turista.
Reiteramos para quede muy claro. ¿Por qué no es un derecho recurrir a los bloqueos de las carreteras? Todo bloqueo, sea de las instituciones cívicas, vecinales, movimientos sociales, pueblos indígenas o demás sectores son ilegales y violentos, porque obstruyen, cercenan, niegan los derechos humanos de los otros, de los que no participan en esa acción de poner piedras, palos, arena, clavos en las rutas donde están asentados los bloqueadores, que tienen sus bonos y alimentación que si fuera por ellos ahí quedarían bloqueando sin hacer nada por el país, al que dicen amar o arengan”Bolivia no se vende”.
Esa mayoría de personas que no son parte de los bloqueos tienen necesidades y prioridades para afrontar el diario vivir, luchar por sus familias, trabajar para ganarse el pan de cada día, esforzarse en sus estudios, tratar de vivir sin mayores sobresaltos, convivir en una sociedad democrática y en un Estado de derecho, pero cuando de pronto un grupo a nombre del Pueblo, bloquea e interrumpe el normal desarrollo de las actividades, pues, sencillamente está violando esos esfuerzos y sueños de millones de personas.
La Constitución Política del Estado garantiza la libre circulación de cada uno de los habitantes de este país, exigiéndole al gobierno la ejecución de medidas preventivas para evitar esos bloqueos, y en último caso, el uso de la fuerza policial y militar, tal como ocurrió hace algunos días, operativos que lograron desbloquear y desmovilizar a un determinado sector que demostró su fuerza y sus garras para destruir empresas, emprendimientos y golpear la economía de los pobladores.
El Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos manda respetar el derecho a la vida que es inherente a cada persona; en su artículo 12, señala: “Toda persona que se halle legalmente en el territorio de un Estado tendrá derecho a circular libremente por él”. De igual manera, lo establece el Pacto de San José de Costa Rica, en relación a la libre circulación.
Si las castas dirigenciales de los movimientos sociales, sindicales o caudillos tienen alguna demanda y quieren hacerse escuchar, pues deben recurrir al sacrificio personal y grupal, es decir, ahí están los otros instrumentos de luchas: la huelga de hambre, que demanda honestidad y un enorme esfuerzo para su cumplimiento; las marchas permanentes; los paros; las demandas judiciales y muchas otras, pero ya no pueden fácilmente gritarnos “A los bloqueos hasta las últimas consecuencias”, porque este país y sus habitantes ya no aguantamos más a los destructores bloqueadores.
Pero acá el Estado en sus instituciones competentes tienen que cumplir con su rol y no actuar con cálculos y miedos, asumiendo que con los bloqueos sectoriales una gran mayoría de la población se ve perjudicada y está indignada, si no cumplen con las leyes y despejan las rutas, pues o son cómplices o cobardes.
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