7 de enero (Urgente.bo).- Los Decretos Supremos 5503 y 5515, promulgados por el presidente Rodrigo Paz, enfrentan una serie de recursos legales presentados por fuerzas políticas y actores cívicos. Hasta el momento, existen al menos dos acciones populares, tres acciones de inconstitucionalidad abstracta y, desde la Asamblea Legislativa Plurinacional (ALP), se anuncian proyectos de ley para anular ambas normas.
Este martes se conoció que la Sala Constitucional Primera del Tribunal Departamental de Justicia de Santa Cruz admitió una acción popular interpuesta contra el presidente Paz por la aprobación del Decreto Supremo 5503. La acción fue presentada por el jurista Wilmer Vásquez y la sala fijó audiencia para este viernes a partir de las 13:00.
“Se está pidiendo que se respete la Constitución Política del Estado (CPE), porque este decreto vulnera la seguridad jurídica. No solo hablamos de seguridad en salud pública o de riesgos ambientales, sino también de seguridad jurídica”, señaló Vásquez en declaraciones a Urgente.bo.
La acción popular fue presentada el pasado 23 de diciembre y admitida en las últimas horas. Esta no es la única acción impulsada por Vásquez. El jurista también presentó otra acción popular ante una sala constitucional del departamento de La Paz, interpuesta este martes contra el presidente Paz y los decretos supremos 5503 y 5515.
Estas acciones se suman a las presentadas ante el Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP) por distintos actores. Una de ellas fue interpuesta en diciembre por el presidente de la Asamblea Legislativa Departamental de Cochabamba, Juan Carlos Irahola, quien cuestionó la constitucionalidad del Decreto Supremo 5503 por vulnerar varios artículos de la CPE.
“Hemos presentado ante el Tribunal Constitucional, en ventanilla, para que se trate el recurso, se nos convoque a las audiencias correspondientes y se deje sin efecto el decreto. Esencialmente pedimos que se declaren nulas todas las disposiciones que van en contra de la Constitución”, afirmó Irahola en su momento.
En las últimas horas también se conoció que el mismo asambleísta presentó una acción de inconstitucionalidad abstracta contra el Decreto Supremo 5515. “Este decreto supremo va en contra de la Constitución Política del Estado, por lo que hemos presentado esta acción de inconstitucionalidad para que, dentro del control del TCP, se adopten las medidas correspondientes y se deje sin efecto la norma, retornando a la legalidad y al cumplimiento estricto de la CPE”, sostuvo.
A estas acciones se suman las presentadas por el Partido Demócrata Cristiano (PDC), a través del senador Wilder Véliz. Asimismo, la alianza política Alianza Popular anunció que interpuso otra acción de inconstitucionalidad contra ambos decretos.
“En los próximos días se va a tratar esta acción. Pedimos a la justicia que escuche al pueblo; este es un momento decisivo para que el TCP actúe con objetividad. Estos decretos son inconstitucionales”, señaló Rolando Pacheco, diputado de Alianza Popular.
Por su parte, la presidenta del Tribunal Constitucional Plurinacional, Paola Prudencio, informó en las últimas horas que las acciones de inconstitucionalidad contra los decretos 5503 y 5515 se encuentran en análisis en la Comisión de Admisión. Sin embargo, la determinación final podría verse afectada por la falta de quórum en el TCP, tras la salida de los cinco magistrados prorrogados (solo opera con cuatro magistrados).
Desde la Asamblea Legislativa Plurinacional (ALP), Alianza Libre también anunció la presentación de un proyecto de ley para revertir los decretos 5503 y 5515, postura que es compartida por Alianza Popular.
Mientras tanto, el Gobierno se encuentra reunido con sectores sociales para socializar los alcances de ambos decretos. El Decreto Supremo 5503, promulgado el 17 de diciembre, contiene medidas económicas como el fin de la subvención a los carburantes. En tanto, el Decreto Supremo 5515, aprobado el 1 de enero, dispone que el presidente pueda gobernar con apoyo de la tecnología incluso fuera del país.
