Esta nota responde al artículo publicado por el ministro de Economía de Bolivia, en el que convoca a un “nuevo pacto” para reconstruir la economía nacional. Su planteamiento —centrado en recuperar la confianza, modernizar el Estado, fortalecer la institucionalidad y restablecer puentes entre empresas, trabajadores y el Gobierno— es oportuno. Pero si ese pacto aspira a ofrecer resultados tangibles en el corto plazo, debe complementarse con iniciativas capaces de movilizar recursos inmediatos.
El país no necesita esperar a 2027 para reinsertarse en los mercados internacionales ni depender exclusivamente de deuda externa. Los recursos más rápidos para reactivar la economía ya se encuentran en manos de los propios bolivianos: el enorme “colchón bank” doméstico, las remesas de la diáspora y un mercado de valores que, aunque poco conocido por la población, administra miles de millones de dólares.
Bolivia atraviesa un momento decisivo. El riesgo país, que superó los 2.300 puntos en los momentos más críticos, ha caído hasta los 779, su nivel más bajo desde principios de 2023. Es una señal positiva: los mercados empiezan a percibir que el país entra en un ciclo de estabilización. Pero la economía boliviana requiere hoy medidas que generen liquidez inmediata, crédito interno y confianza ciudadana.
El pacto económico anunciado por el ministro se inscribe en ese horizonte de orden y consenso. Sin embargo, mientras dicho acuerdo se construye, la economía necesita instrumentos prácticos que actúen como puente. Y Bolivia dispone de un gigantesco volumen de efectivo fuera del sistema bancario, cientos de millones en remesas enviadas por los migrantes y una plataforma financiera lista para operar si se democratiza su acceso.
Se estima que los bolivianos mantienen más de 10.000 millones de dólares en efectivo fuera del sistema financiero. Es una cifra equivalente a un cuarto del PIB y mayor, con creces, que las reservas internacionales actuales. Ese dinero permanece inmóvil por una sola razón: desconfianza. Pero la falta de confianza no implica ausencia de recursos.
La evidencia regional demuestra que es posible movilizar ese capital si se ofrecen garantías, incentivos y reglas estables. Un ejemplo reciente es Argentina. En septiembre de 2024, los depósitos en moneda extranjera aumentaron unos 8.000 millones de dólares tras el cambio de Gobierno y la adopción de medidas concretas para atraer ahorros en dólares al sistema bancario. Ese repunte se produjo después de lanzarse un régimen de amnistía que permitía depositar dólares no declarados sin penalización, junto con el aumento de los umbrales de reporte de transacciones para reducir la fiscalización automática. Esa experiencia demuestra que el ahorro informal puede aflorar cuando existen condiciones institucionales adecuadas.
La lección para Bolivia es directa: es posible captar una proporción significativa del “colchón bank”, pero solo si se protege e incentiva al pequeño ahorrista, se evitan fiscalizaciones retroactivas y se ofrecen productos financieros atractivos y seguros. Países como El Salvador y Perú han avanzado mediante depósitos indexados, cuentas digitales con resguardo legal, incentivos tributarios y un acceso bancario más sencillo. Bolivia podría replicar y mejorar esos caminos: depósitos en dólares con garantías explícitas, bonos ciudadanos de corto plazo, cuentas de inversión protegidas y una campaña nacional de confianza. Captar solo la mitad del ahorro informal representaría entre 4.000 y 6.000 millones de dólares para dinamizar el crédito, reducir la presión cambiaria y reactivar el aparato productivo.
La otra gran reserva financiera de Bolivia son las remesas. Entre enero y septiembre de 2025, los bolivianos en el exterior enviaron más de 957 millones de dólares en giros, cifra que podría superar los 1.300 millones al cierre del año. Estas remesas son una fuente estable, anticíclica y profundamente ligada al tejido social del país. Sin embargo, casi todo ese dinero se destina al consumo inmediato.
La región ofrece ejemplos de cómo transformar remesas en capital productivo. México desarrolló el programa “3x1 para migrantes”, donde cada dólar enviado se multiplicaba con aportes estatales y municipales para financiar obras públicas, emprendimientos y servicios comunitarios. El Salvador creó instrumentos de ahorro con tasas preferenciales para orientar remesas hacia vivienda, educación y negocios. Perú implementó programas para que los migrantes retornados canalicen sus ahorros hacia pequeñas empresas.
Bolivia podría adoptar herramientas similares: bonos de la diáspora orientados a educación, salud y emprendimientos; fondos nacionales de coinversión en los que el Estado iguale el aporte del migrante; y cuentas especiales con beneficios para quienes ahorren o inviertan desde el exterior. La diáspora boliviana no necesita discursos, sino canales confiables y transparentes para transformar su esfuerzo en desarrollo.
El tercer pilar ignorado es la Bolsa Boliviana de Valores. A marzo de 2025 administraba una cartera de 32.580 millones de dólares, un volumen prácticamente equivalente al de los créditos del sistema bancario. Sin embargo, solo el 1% de la población participa directamente en ella.
Esa desconexión es una oportunidad. Un programa nacional de “inversor ciudadano” permitiría canalizar parte del ahorro informal y de las remesas hacia instrumentos bursátiles accesibles, supervisados y orientados al desarrollo productivo: bonos para pymes, bonos verdes, fondos sectoriales o certificados de inversión municipales. Chile, Perú, México y Colombia han demostrado que cuando se democratiza el acceso a los mercados de capitales, el ahorro interno se moviliza y la economía gana dinamismo.
En este contexto resulta relevante reflexionar sobre la orientación económica del Gobierno. Aunque no lo ha expresado formalmente, la consigna de “capitalismo para todos” sugiere un enfoque de liberalismo moderado, combinado con elementos de economía social de mercado y un pragmatismo dispuesto a utilizar herramientas de distintas tradiciones. Las recientes declaraciones del presidente Paz Pereira —al afirmar que Bolivia es “un país con vocación capitalista”— apuntan en esa misma dirección. Recuperar la confianza no es solo estabilizar las cuentas, sino reconocer y activar el capital que ya está en manos de los ciudadanos. Sus palabras subrayan una visión que coloca a los bolivianos como protagonistas del crecimiento nacional.
Bancarizar parte del “colchón bank”, canalizar las remesas hacia inversión productiva y democratizar el acceso a la Bolsa podría liberar entre 3.000 y 7.000 millones de dólares sin recurrir a deuda externa. Ese esfuerzo, basado en el ahorro y la confianza de los propios bolivianos, podría convertirse en el motor inmediato de la reactivación, mientras el Gobierno reconstruye su credibilidad internacional y prepara su retorno a los mercados financieros de Nueva York o Londres en 2027. No podemos pedir al inversor extranjero que crea en Bolivia si los bolivianos no creen en ella primero.
Está claro que el país necesita hoy un pacto económico entre los ciudadanos y el Estado: un pacto que reconozca el valor del ahorro informal, que integre a la diáspora como actor de desarrollo y que permita a millones de bolivianos participar activamente en la reconstrucción nacional. En un país donde miles de millones duermen bajo los colchones y otros cientos de millones llegan cada año desde el exterior, la transformación comienza por casa. El “capitalismo para todos” será más que una consigna cuando los bolivianos —formales e informales, residentes y migrantes— puedan convertir su esfuerzo en crecimiento, su ahorro en inversión y su confianza en un futuro digno.
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