14 de noviembre (Urgente.bo).- La Defensoría del Pueblo presentó la propuesta “Una Reforma Judicial con Enfoque de Derechos Humanos” debido a el que el país enfrenta una “crisis profunda” en la justicia y que las reformas ya no pueden seguir siendo parciales.
El Defensor del Pueblo, Pedro Callisaya, indicó que la propuesta plantea un cambio estructural orientado a garantizar el acceso a la justicia y fortalecer la institucionalidad. “Coincidimos con diversos sectores en que el sistema judicial atraviesa una profunda crisis que vulnera los derechos de miles de personas (…) presentamos una reforma con enfoque de Derechos Humanos para consolidar una política de Estado”, señaló en sus redes sociales y subrayó que la justicia debe “respetar la diversidad cultural y promover una justicia agroambiental efectiva”, dijo Callisaya.
En ese sentido, la Defensoría fundamentó la urgencia de la reforma en los indicadores internacionales que ubican a Bolivia entre los últimos puestos en desempeño judicial. Según el Índice del Estado de Derecho 2024 del World Justice Project, el país ocupa el puesto 131 de 143, así como las observaciones del GIEI y la CIDH. “Hay problemas estructurales, falta de independencia, uso abusivo de la detención preventiva, corrupción y discriminación”, detalló la institución y remarcó que estos elementos afectan de manera directa la credibilidad del sistema.
Entre los ejes propuestos, la entidad defensorial plantea convertir la reforma en una verdadera política pública, garantizar la participación social en su diseño y asegurar un enfoque de derechos humanos en todo el proceso. También propone medidas para fortalecer la independencia judicial. “Necesitamos una carrera judicial meritocrática y un mecanismo transparente para la selección de altas autoridades que limite la intervención política”, enfatizó la Defensoría, además de insistir en un mayor presupuesto para el órgano judicial.
El documento sugiere reformas legales urgentes, como una nueva política criminal que reduzca el uso de la detención preventiva, que afecta al 58,76% de la población carcelaria, así como la modificación de normas consideradas obsoletas. “Debemos modernizar el sistema penal y revisar leyes como la 1008, la Ley General del Trabajo y la normativa agroambiental”, señaló la institución. La propuesta incluye además la continuidad de la digitalización judicial y una regulación ética del uso de inteligencia artificial en procesos judiciales. La presentación estuvo a cargo del delegado defensorial de Chuquisaca, Humberto Mayorga, quien ratificó que la Defensoría “mantiene un alto compromiso con una reforma que garantice un sistema independiente, confiable y eficiente”.
