Este miércoles, a las 08:30, en el juzgado de sentencia penal, anticorrupción y contra la violencia hacia las mujeres Nº 4 de Cochabamba, reinicia el juicio contra los ex provinciales de la Compañía de Jesús, Ramón Alaix Busquets y Marcos Recolons de Arquer, por presunto delito de encubrimiento en el caso de oficio contra Alfonso Pedrajas Moreno, autores y encubridores, por el delito de violación NNA, y abuso sexual.
Este proceso, iniciado de oficio por el Ministerio Público, subsume los procesos acumulados instaurados por la Procuraduría General, por el Provincial Jesuita Bernardo Mercado Vargas, el Ministerio de Educación, y la ampliación solicitada por el Servicio Plurinacional de Apoyo a las Víctimas.
“Esperamos que la justicia boliviana emita señales claras para el país y el mundo pues, aunque las instituciones eclesiales involucradas en estos delitos sean multinacionales, en Bolivia sus crímenes de lesa humanidad no quedarán impunes, que se velará por el derecho preferente para salvaguardar los derechos humanos de niños, niñas y adolescentes”, aseguró Wilder Flores, Presidente de la Comunidad Boliviana de Sobrevivientes.
“El modus operandi de los provinciales jesuitas, de reubicar a los perpetradores y esconder los escándalos suscitados por repetidas denuncias, en vez de denunciarlos y apartarlos de los niños, provocó que los perpetradores siguieran abusando a cientos de niños, de manera sistemática, a lo largo de décadas, y con un sofisticado mecanismo de encubrimiento institucional, aseguró por su parte Pedro Lima, vocero de la organización de sobrevivientes.
Será un juicio oral, contradictorio y continuo, con 18 víctimas denunciantes, 50 pruebas documentales diversas, 18 informes psicológicos, 33 otros elementos y declaraciones múltiples; más de 50 pruebas testificales, 25 evidencias materiales múltiples, además de prueba psicológica a una víctima denunciante y una pericia antropológica con prospectiva de género.
La parte conclusiva de la acusación fiscal señala: “… los delitos constitutivos del tipo penal que motivan la presente acusación se encuentran plenamente acreditados, siendo Ramón Alaix Busquets y Marcos Recolons de Arquer, responsables penalmente, por cuanto han ejecutado el ilícito personalmente (…) por lo que la Comisión de fiscales de Materia (…) en representación de la sociedad, acusan formalmente a Ramón Alaix Busquets y Marcos Recolons de Arquer, por el delito de encubrimiento (...) solicitando que, concluido el debate, se dicte sentencia condenatoria (…) imponiéndoles una pena de privación de libertad para esta clase de delitos en la cárcel pública de esta ciudad…”
La Comunidad Boliviana de sobrevivientes ha sistematizado también los casos de más depredadores jesuitas: Francesc Peris - Chesco, Carlos Villamil Olea - Vicu, Francisco Pifarré Clapés - Pifa, Jorge Vila Despujol, Luis Roma Padrosa, Luís Tó Gonzales, Antonio Gausset Capdevila, el Monseñor Alejandro Mestre y otros dos sacerdotes que abusaron en Charagua, cuyos casos están en verificación.
Los tres últimos provinciales jesuitas, Osvaldo Chirveches, Ignacio Suñol y Bernardo Mercado, tienen imputación formal, también por encubrimiento en el caso del Mons. Alejandro Mestre; aunque, para la organización de sobrevivientes, los diez últimos provinciales jesuitas encubrieron a sus hermanos abusadores.
Detención domiciliaria
En marzo del 2024, el Juzgado de Instrucción contra la Violencia hacia la Mujer 1, de Coña Coña, Cochabamba ordenó la detención domiciliaria de los jesuitas Marcos Recolons, de 81 años, y de Ramón Alaix, de 83 años, por el delito de encubrimiento en uno los casos abiertos contra el fallecido Alfonso Pedrajas (Pica).
“La Compañía de Jesús en Bolivia ha tomado conocimiento de las medidas cautelares dispuestas para los ex provinciales Marcos Recolons SJ y Ramón Alaix SJ, imputados por el presunto delito de encubrimiento en uno los casos abiertos contra el fallecido Alfonso Pedrajas”, comunicó la Compañía de Jesús en Bolivia.
Ambos sacerdotes tenían altos cargos en la Compañía de Jesús y fueron imputados por el delito de encubrimiento de casos de violencia sexual cometidos por el padre Pedrajas en contra de los estudiantes del colegio Juan XXIII en los años 70.
Ambos jesuitas participaron de la audiencia de manera virtual y solo sus abogados llegaron hasta el juzgado. Además de los representantes de la Fiscalía, Procuraduría General del Estado y de las víctimas.
La jueza determinó que ambos religiosos no puedan salir del país, ni tener ningún contacto con las víctimas
