14 de noviembre (Urgente.bo)- Tras un intenso y largo debate, la Asamblea Legislativa Plurinacional (ALP) rechazó el proyecto de Ley de Modificaciones al Presupuesto General del Estado (PGE) 2023. Los votos en contra fueron del ala evista del MAS y de Creemos y Comunidad Ciudadana, pues objetaron las disposiciones adicionales de la norma, a las que consideraron ilegales.
El diputado de Comunidad Ciudadana (CC), Carlos Alarcón, aseguró que no hubo discrepancia alguna de ninguna de las cámaras en cuanto a la aceptación y aprobación de las modificaciones presupuestarias, sino que se puso en tela de juicio las disposiciones adicionales, que se muestran al final del documento.
“En relación con las disposiciones adicionales, ha habido algunas que han sido cuestionadas tanto en Senadores como en Diputados”, dijo Alarcón.
Una de las disposiciones más cuestionadas es la 7. Alarcón explicó que ella buscaría otorgar una garantía de impunidad penal para personas que están obligadas a dar reportes de operaciones sospechosas a la UIF, que independientemente de que la actividad reportada sea legal o no, “los sujetos obligados y que hacen los reportes no tendrían ninguna responsabilidad administrativa ni penal”
“Nadie puede estar por encima de la ley penal, ni una autoridad pública ni particular. Esta disposición no tiene nada que ver con el contenido presupuestario”, dijo Alarcón a Urgente.bo.
Dicha disposición indica: “Los sujetos obligados, así como sus directores, gerentes, administradores, funcionario responsable, miembro de la Unidad de Cumplimiento y/o cualquier empleado dependiente, cuando reporten a la UIF de buena fe operaciones sospechosas de independencia de si la actividad ilegal realmente ocurrió o no, estarán exentos de responsabilidad administrativa civil y penal, por transgresión de alguna restricción de revelación de información a la que estuvieran obligados al momento de efectuar el reporte cualquiera fuera su naturaleza”
“Queda prohibido revelar el hecho de que se está entregando a la UIF un reporte de operación sospechosa o la información relacionada con el mismo por el carácter confidencial y la obligación de reserva del cual gozan los mismos”, añade el documento.
También se observó la disposición primera, que establece un plazo para que haya una aprobación automática de los presupuestos de las gobernaciones y de los municipios.
“Consideramos que el tema corresponde a la autonomía (…) eso debería estar definido en su estatuto autonómico o en su carta orgánica”, expuso Alarcón.
La disposición establece: “Los requerimientos de las modificaciones presupuestarias en las entidades territoriales autónomas, presentados por la máxima instancia ejecutiva a la máxima instancia deliberativa que no sean rechazados por esta última en un plazo de 15 días hábiles, podrán ser aprobadas mediante norma emitida por la máxima instancia ejecutiva”.
Otra disposición cuestionada, según Alarcón, es la quinta, que da posibilidad de gastos adicionales a la Procuraduría General del Estado para indemnizaciones económicas en soluciones amistosas, de casos sobre derechos humanos.
“Para que esto se viabilice, debería tener fundamento y base, en una decisión judicial del Estado Boliviano o en una recomendación, un informe o sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, porque si no es generar un campo de arbitrariedad”, expuso el diputado opositor.
Finalmente, la senadora de CC, Daly Santamaría, cuestionó la disposición dos que tiene que podría afectar al patrimonio económico de los gestores de salud social.
