Luis Revilla Herrero, exalcalde de la ciudad de la Paz, fue imputado formalmente por el Ministerio Público por la presunta comisión de los delitos Uso Indebido de Influencias, Resoluciones Contrarias a la Constitución y las Leyes, Contratos Lesivos al Estado, Conducta Antieconómica e Incumplimiento de Deberes, en el caso de sobrepresión en la adquisición de 61 buses municipales.
“Durante la investigación se encontraron suficientes elementos de convicción de la probabilidad de autoría en contra del exalcalde como la licitación pública internacional para la adquisición en agosto de 2012, la minuta de contrato para la adquisición entre la exautoridad edil y el representante legal de Fabro Motors S.R.L, dos minutas de contrato modificatorio de 2012, entre otros indicios que hacen presumir que hubo un sobreprecio en el proceso de adquisición”, dijo el fiscal departamental de La Paz, William Alave.
El Fiscal Anticorrupción, Thomas Choque, informó que el hecho se registró durante las gestiones 2012 y 2013, cuando el Gobierno Autónomo Municipal de La Paz lanzó una licitación internacional para la adquisición de 61 buses para el transporte municipal, con un monto de Bs. 70.052.400, luego de realizados los trámites se adjudicó la compra de los buses Pumakatari a la empresa Fabro Motors S.R.L., por un monto de Bs. 65.000.000.
Durante la investigación se determinó que la empresa que se adjudicó la compra de los buses, no tendría la experiencia mínima para la importación de ese tipo de vehículos a diferencia de otras empresas importadoras, por lo que se presume que la Comisión Calificadora benefició a la misma, afirmó el fiscal.
“Entre los elementos de investigación colectados se encuentran una de las pólizas de los buses que establece que cada bus Pumakatari tendría un costo real de 60.480 dólares, pero el municipio de La Paz habría pagado 153.099 dólares, con un presunto sobreprecio de 92.619 dólares por cada bus adquirido a la empresa Fabro Motors S.R.L., por ello se establece un aparente sobreprecio total de cerca de 26.722.157 bolivianos, que habría causado un daño económico al Estado”, explicó Choque.
Recordó que la exautoridad no prestó su declaración informativa dentro del proceso y después de los actos investigativos para dar con su paradero no fue habido en su domicilio y se desconoce su paradero, ante ello se procedió a las notificaciones por ciudadanía digital y edictos establecidos por Ley.
“Dentro de la imputación estamos solicitando la aplicación de medidas cautelares de carácter personal como la detención preventiva por seis meses en el penal de San Pedro”, agregó.
