La Paz, 2 de noviembre (Urgente.bo).- En las últimas horas, Elisa Sánchez Cardozo, mamá de la niña de 11 años que quedó embarazadas tras una violación, acudió a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos para pedir medidas cautelares para el Estado Boliviano con el fin de que la menor de edad no lleve adelante el aborto.

“Solicito con urgencia a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos que se ordene al Estado Boliviano, como medida cautelar, el asegurar que se ponga fin a los intentos de parte de la Defensoría del Pueblo, y cualquier otro organismo público o privado, de subvenir la opinión y decisión de L.A.S, de no concretar el aborte y muerte de J.M. el niño que lleva adentro. En estos momentos se encuentra en peligro de ser sometida a un aborto forzoso, violando su voluntad y decisión de no matar al niño que se encuentra en su vientre, luego de arrepentirse de ello una vez que se había iniciado el proceso de aborto químico con el uso de mifepristona, que le fuera entregado en el Hospital Percy Boland”, puso en su parte la madre de la menor que llegaría a ser su representante legal.

Como se puede apreciar en el documento al que accedió Urgente.bo, la madre de la niña L.A.S admite que se había iniciado un proceso de aborto químico, pero también da cuenta de que el ser en gestación es un varón que ya tiene nombre.

La pequeña de Yapacaní quedó encinta después que su abuelastro la violara desde febrero, ella no podía hablar, pues estaba amenazada. Su verdugo inclusive le hacía ponerse lencería antes de cometer abuso sexual.

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Ante este hecho las últimas semanas, este caso conmovió a toda Bolivia. Por su parte, la Defensoría del Pueblo presentó tres demandas para lograr la interrupción del embarazo de la niña que sufrió violación. La primera demanda pide que la justicia ordene a la Defensoría de la Niñez que interrumpa el embarazo; la segunda solicita medidas cautelares ante la CIDH contra el Estado Boliviano y la tercera denuncia penal contra el personal médico del Hospital Percy Boland, funcionarios de la Defensoría de la Niñez, contra el Arzobispado de Santa Cruz y contra la madre de la niña, por los delitos de incumplimiento de deberes, trata de personas y desobediencia a resoluciones constitucionales y trata de personas con fines de embarazo forzado, con fines de guarda o adopción.

En el documento para la CIDH, la madre de la niña asegura que se están violando los siguientes artículos: Art. 5 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, “Ante la amenaza real, seria y actual de que no se respete la decisión de L.A.S. de no seguir adelante con el aborto y en cambio dar a luz al bebé para que, en definitiva, J.M. sea dado en adopción. Además. Las acciones de la Defensoría del Pueblo y otras entidades estatales, que erróneamente califican su decisión de seguir con el embarazo como uno forzoso, y que, por el contrario, pretenden imponer un aborto forzado, en lo que constituye una forma de trato cruel, inhumano y degradante, además de un ilícito penal internacional”.

También señala que se estaría yendo en contra de la libertad de conciencia y de pensamiento, conforme a los artículos 12 y 13 de la CADH. “Como su representante legal, lo que no está siendo respetado por el Estado, que asume y pretende la existencia de ilicitud en el hecho de que, a fin de tomar una decisión sobre si seguir adelante con el embarazo o no, no puede haber cabida de consideraciones de humanidad, moralidad y espiritualidad, como las que he tenido en cuenta, con el objetivo de no terminar con la vida de J.M.”, se lee en el documento de Sánchez.

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