La Paz, 1 de octubre (Juan Pérez Munguía/Urgente.bo).- El conflicto entre el Poder Ejecutivo y Congresal en Perú comienza desde que Pedro Pablo Kuczynski asume la Presidencia en 2016. El Parlamento conformado por una mayoría de legisladores fujimoristas comenzó a trabar al mandatario.

Kuczynski en diciembre del 2017 se salvó de que el Legislativo los cese de sus funciones por presuntos vínculos con la empresa Odebrecht. Sin embargo, en marzo de la gestión pasada los congresistas vuelven a presionar al mandatario y éste termina por renunciar.

Martín Vizcarra asume la jefatura del Estado y los primeros meses son de relativa calma entre el Congreso y el Poder Ejecutivo. No obstante a partir de la presente gestión comienza nuevamente los roces entre ambos poderes, cuando el primer mandatario quiso implementar reformas políticas y judiciales.

A esto se suman, la continuidad de los procesos del caso Odebrecht, el cual salpicó a jueces, fiscales y políticos, entre los cuales está Keiko, quien fue detenida por acusada de lavar dinero para campañas política en 2011.

Estos impases entre legisladores y el Ejecutivo ocasionaron que Vizcarra disuelva el Congreso. Tras este hecho los parlamentarios, como medida de respuesta, determinaron sustituir a Vizcarra con el argumento de “incapacidad moral” e hicieron jurar a la primera vicepresidenta Mercedes Araoz como la “presidente encargada”.

Urgente.bo consultó con un abogado constitucionalista y un analista político del Perú para conocer desde cuándo empieza la crisis política en ese país.

El analista político peruano Gerardo Távara indicó que la crisis política en el Estado peruanos se agravó principalmente porque los parlamentarios fujimoristas nos aceptaban que si candidata Keiko no lograra la Presidencia.

“El partido de Fujimori no terminó de aceptar la derrota (de Keiko) e intentó una vacancia para Pedro Pablo Kuczynski que finalmente terminó renunciando en marzo del año pasado”, puntualizó.

Por su parte, el abogado constitucionalista peruano Omar Cairo explicó que otro de los factores que agravó la crisis es que la mayoría de los congresistas están acusados de hechos de corrupción y la Plenaria del Parlamento se niega a levantarles la impunidad ante procesos judiciales para que puedan ser investigados.

“Todo esto al pueblo le ha percibido como una actitud sistemática de encubrimiento de actos corrutos. (…) Estos problemas básicamente tienen tres años de antigüedad, generalmente el Congreso es un órgano desprestigiado, pero ese desprestigio a alcanzado su mayor intensidad desde tres años”, acotó.

A esto también se agrega que los congresistas obstruyeran la lucha contra la corrupción y el hecho de que le denegaran los votos de confianzas al Gobierno, sobre las propuestas que hacía para las reformas políticas.

“Los últimos meses la relación entre el Gobierno y el Congreso fue imposible. En julio, el presidente Vizcarra propuso el adelanto de las elecciones generales y el congreso lo rechazó. (…) Esta semana, el Congreso intentó copar el Tribunal Constitucional, la mayoría parlamentario intentó una elección acelerada de los magistrados y Vizcarra planteó un voto de confianza para que eso se detenga y también fue rechazado”, detalló Távara.

Vizcarra obra en legalidad

El constitucionalista Omar Cairo dijo que la disolución del Congreso es una medida completamente legal, debido a que la misma está contemplada en el artículo 134 de la Constitución peruana, la cual detalla: “El  Presidente  de  la  República  está  facultado  para  disolver  el  Congreso si éste ha censurado o negado su confianza a dos Consejos de Ministros. El decreto de disolución contiene la convocatoria a elecciones para  un  nuevo  Congreso”.

Al respecto, Cairo indicó que este apartado de la Carta Marga se cumplió a cabalidad, porque en una anterior oportunidad los congresistas le negaron al primer ministro, Salvador del Solar, un voto de confianza.

“En este caso (la segunda) petición de confianza consistía en dos cosas: que se tramite el proyecto de reforma judicial y se tramite, pero además se suspenda el trámite de nombramiento de nuevos magistrados. Y no se suspendió el trámite de nombramiento, por lo cual ya era imposible la aprobación y eso significa que se está rechazado”, explicó.

Tras ser disuelto el Parlamento (en su mayoría fujimorista), los congresistas sesionaron y determinaron suspender temporalmente a Vizcarra por el lapso de 12 meses, con el argumento de que infringió la Constitución.

El experto detalló que el procediendo para suspender al jefe de Estado por transgredir la Norma Jurídica Suprema demora un mes, porque el gobernante también tiene derecho a defensa.

“La destitución lo hicieron en un día, pero bajo un procedimiento distinto, que es la suspensión por incapacidad temporal, que no es el caso de la suspensión por infracción a la Constitución, a pesar de que justificaron la suspensión en la infracción a la Constitución”, sostuvo.

Por consiguiente, afirmó que la suspensión que aplicó el Congreso a Vizcarra es un acto inexistente. “Como la suscripción es el soporte del nombramiento de Araoz como presidenta temporal, ese nombramiento también carece de base jurídica”, acotó.

Congresistas cesados no podrán presentar a elecciones

En diciembre de la gestión pasada, la mayoría del electorado, en referéndum, denegó a los congresistas la posibilidad de ir a una reelección. El analista Gerardo Távara dijo que por esta reforma los parlamentarios cesados no tendrán la oportunidad de presentar en las elecciones legislativas del enero del 2020, convocadas por Vizcarra.

“En el Perú, está prohibida la relección inmediata de congresistas. Además, yo creo que políticamente es muy difícil que alguno de ellos (los parlamentarios disueltos) se atrevan (a repostular) porque en su gran mayoría están descalificados (por la población)”, agregó.

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