La mañana de este lunes (09.00 hora boliviana), la Corte Internacional de Justicia hará conocer su fallo ante la Demanda Marítima que el Estado Plurinacional de Bolivia presentó el año 2013. Las autoridades bolivianas hicieron conocer que el país acatará la sentencia del máximo tribunal de la humanidad, pues sus determinaciones pudieron resolver grandes controversias en América Latina.
LAHAYA.TRIBUNAL.jpg
En la imagen, el equipo boliviano e integrantes de la Corte Internacional de Justicia en marzo pasado (Foto: Cortesía de Iván Canelas Lizárraga)
Mediante la Demanda Marítima, Bolivia solicita a la Corte Internacional de Justicia que “juzgue” y “declare” que: Chile tiene la obligación de negociar con Bolivia con el fin de alcanzar un acuerdo que otorgue al país una salida plenamente soberana al Océano Pacífico, en base a los compromisos unilaterales que el estado chileno adoptó de manera reiterada a lo largo de diferentes procesos de diálogo. Será un día histórico pues será el proceso culminante de una opción que Bolivia llevó adelante desde el 2013 y que en septiembre de 2015 tuvo un momento determinante, cuando la Corte Internacional de Justicia se declaró competente para definir sobre la demanda interpuesta por el Estado Plurinacional.
Queda en el antecedente más reciente que el Tribunal de La Haya definió a favor de Perú en una demanda presentado por el vecino país para resolver su frontera de territorio marítimo con Chile. Así, la Corte Internacional de Justicia se ha convertido en la única solución para reducir tensiones la intervención de un mediador independiente.
En los últimos años, cinco países de Latinoamérica han recurrido a la Corte Internacional de Justicia, CIJ, con sede en la ciudad de La Haya para resolver sus diferencias, así como Bolivia lo hizo el 2013 en busca de un camino para abordar la irresuelta demanda marítima.
Es así que hasta La Haya se llevó el conflicto por el diferendo marítimo entre Perú y Chile. Nicaragua y Colombia también por una cuestión de límites pluviales. Costa Rica y Nicaragua, por límites fronterizos. En marzo de 2008, Ecuador presentó una demanda contra Colombia por la fumigación aérea con glifosato en localidades de la frontera con Ecuador. Otro de los conflictos fue el de Uruguay por la instalación de una planta de celulosa en territorio uruguayo, cerca de la frontera con Argentina.
Históricamente de los aproximadamente 120 casos que se han iniciado en la CIJ desde 1947, el 10% pertenece a países latinoamericanos, la gran mayoría iniciados y desarrollados en los últimos 20 años.
El caso de Perú y Chile se remonta al 16 de enero de 2008, cuando Perú presentó una demanda contra Chile ante la CIJ por con-siderar que los límites del territorio marítimo no están definidos y pidió establecer una frontera. La CIJ fijó los límites marítimos entre ambos países, luego de un proceso que demoró seis años. Según lo establecido por el tribunal, Perú ha ganado casi 50.000 kilómetros cuadrados de mar. Ambos gobiernos han aceptado la resolución y han reiterado que la acatarán.
En el caso de Nicaragua y Colombia, la Corte admitió la demanda de Nicaragua para fijar el rumbo exacto de la plataforma con-tinental más allá de las 200 millas marítimas, que en caso de prosperar se acerca a la costa continental en el Caribe.
La Corte señaló que la demanda es admisible, pese a que Colombia sostenía que la Corte ya se pronunció sobre este asunto en un fallo de noviembre de 2012, y que el caso estaba cerrado. En ese caso, la votación fue ocho votos contra ocho, y el voto del presi-dente de la Corte fue el que definió el fallo.
La CIJ emitió sentencia favorable para Nicaragua sobre la delimitación marítima con Costa Rica en el mar Caribe y océano Pací-fico. El fallo fijó un límite que otorgó a Nicaragua la mayoría del área, aproximadamente 20 mil kilómetros cuadrados de los 27 mil en disputa, lo que reconoce la importancia de las Islas de Maiz en la generación de derechos marítimos para la nación.
La demanda presentada por Ecuador ante la CIJ el 31 de marzo de 2008 contra Colombia ha sido retirada del listado de la Corte el 13 de septiembre de 2013 a petición de Ecuador. Quito solicitó la retirada del caso tras haber llegado a un acuerdo con Colombia que pone fin definitivamente a la totalidad de las denuncias formuladas por Ecuador contra ese país.
En el caso de Uruguay y Argentina, la Corte Internacional de Justicia de La Haya dictó su sentencia contra Uruguay por violar el tratado que mantiene con Argentina sobre el río compartido, Río Uruguay. La Haya falló que Uruguay violó el tratado por no con-sultar con Argentina antes de permitir la construcción de una planta de celulosa, pero el tribunal no consideró necesario que la fábrica fuese desmantelada y reubicada, porque Argentina no presentó pruebas sustanciales que indicaran que la fábrica contamina el río compartido.
Finalmente a La Haya llegó la demanda marítima de Bolivia contra Chile donde el país boliviano pide a la CIJ que Chile inicie las negociaciones para una salida soberana al Océano Pacífico.
Chile también demandó a Bolivia por las aguas del Silala.
¿Qué es lo que busca Bolivia?
El excanciller Javier Murillo de la Rocha, explicó que la demanda marítima Bolivia solicita a la Corte Internacional de Justicia que “juzgue” y “declare” que: Chile tiene la obligación de negociar con Bolivia con el fin de alcanzar un acuerdo que otorgue a Bolivia una salida plenamente soberana al Océano Pacífico; Chile ha incumplido dicha obligación; Chile debe cumplir dicha obligación de buena fe, pronta y formalmente, en un plazo razonable y de manera efectiva, a fin de otorgar a Bolivia una salida plenamente sobe-rana al Océano Pacífico.
“Deben ser negociaciones de buena fe y en términos razonables. Esos son los términos que sustentan nuestra petición ante la Haya”, explicó.
L a demanda boliviana se ampara en el “Acuerdo de Charaña” firmado en 1975, entre los generales Hugo Banzer y Augusto Pi-nochet y suponía el fin de la ruptura de las relaciones diplomáticas que habían sido suspendidas en el año 1962. Con este pacto, el Gobierno chileno ofreció solucionar el asunto de la territorialidad marítima a través de un canje accediendo una franja de terreno ariqueño, decisión rechazada por Perú que provocó la ruptura de las relaciones entre Bolivia y Chile en 1978.
El 24 de abril de 2013, Bolivia presentó la demanda contra Chile ante la Corte Internacional de Justicia para que ese alto tribunal de las Naciones Unidas determine la obligación de negociar una salida soberana a las costas del Pacífico, sobre la base de los com-promisos que realizó desde 1904.
En septiembre de 2015, el Tribunal de La Haya rechazó la petición chilena para declararse incompetente.
Chile presentó en julio de 2016 su respuesta a los argumentos que ofreció la nación andina. Seguidamente la CIJ citó a ambas partes para abrir una nueva ronda de argumentos escritos.
Los conflictos por los límites marítimos entre Bolivia y Chile comenzaron en 1828, cuando la Constitución chilena estableció que su territorio llegaba hasta el despoblado sector de Atacama, disposición que terminó con la invasión del lugar en 1879.
En 1904, ambas naciones firmaron el Tratado de Paz y Amistad entre Chile y Bolivia con el cual ponían fin al conflicto,- conocido como Guerra del Pacífico- y en el que reconocían de manera definitiva y permanente la soberanía chilena sobre Antofagasta. Por su parte, Chile garantizaba el libre tránsito de bienes bolivianos libres impuestos, entre los puertos chilenos y Bolivia, así como la cons-trucción del Ferrocarril Arica-La Paz.
Sin embargo, el Gobierno boliviano ha denunciado en reiteradas ocasiones el incumplimiento del Tratado debido que no se res-peta en toda su extensión, lo cual considera injusto.
Bolivia nació en 1825 con un acceso soberano al océano Pacífico. En 1879, Chile invade Antofagasta e inicia el conflicto bélico que provocaría el enclaustramiento boliviano. En 1904 se firma un Tratado de Paz con el vecino país y se definen los nuevos límites, a pesar de ello la aspiración nacional de regresar al mar permaneció intacta, siendo parte de negociaciones diplomáticas que nunca concluyeron, casi siempre por la poca voluntad política de los gobernantes chilenos.
El 17 de febrero de 2011, el presidente Evo Morales manifestó en una conferencia de prensa que esperaba que hasta el 23 de marzo de ese año Chile hiciera una propuesta útil y concreta a Bolivia sobre el tema, lo que no sucedió. Entonces se decidió dar un nuevo paso.
///
