La Paz, 11 de diciembre (Urgentebo).- “Larrea mentiroso, Larrea mentiroso, Larrea mentiroso, son algunos de los estribillos que a “univoz” se escucha en la movilización de la representante de la Asociación de Víctimas de Mala Praxis Médica de El Alto, María Espejo, que pide a las organizaciones sociales e instituciones que se pronuncien ante el "atentado a la salud" que cometen los médicos con un paro indefinido que cumple 17 días.

"Nosotros estamos llamando y convocando a las organizaciones sociales y a la población a que se pronuncien por esta movilización que está haciendo el Colegio Médico, donde están atentando contra la vida de cada persona que está internada en los hospitales. Nadie dice nada ¿ Dónde están las autoridades, los políticos por qué no dicen nada?", manifestó en contacto telefónico con Urgentebo.

Refirió,  “Nosotros no tenemos dinero para salir al exterior para hacernos atender, así que pedimos a las autoridades den una pronta solución a las movilizaciones de los médicos, que no están cumpliendo con su labor”.

Espejo dijo que las víctimas de mala práctica médica están de acuerdo con la Autoridad de Fiscalización y Control de Salud, para que no se repitan casos como los que les tocó vivir, sin auxilio y sin encontrar justicia hasta el momento.

“Hoy se movilizaran los anestesistas, en cuyas ramas, más denuncias tienen en el país” aseveró

María quien es representante de la movilización, no quiso referirse a su historia, sin embargo se considera un vocera de todas las víctimas.

Representan a 50 casos que hasta la fecha están impunes, de  adultos que fallecieron y de niños que quedaron con secuelas irreversibles, de los cuales 25 quedaron en el olvido por falta de recursos de las familias.

“Los médicos se excusan y ponen trabas en las investigaciones, motivo por el cual las familias dejan en el olvido todas esas movilizaciones”, agregó.

En los últimos 25 años, el Comité de Lucha Contra la Negligencia Médica en Bolivia ha registrado 5.000 casos de presunta negligencia médica o mala praxis en el país, algo así de 200 por año. De estos, solo el 5% ha tenido resolución legal favorable a las víctimas y se sabe de al menos cuatro casos concluyeron con sentencias condenatorias.