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Por otra parte, se contabilizó 1.169 casos sospechosos que en las próximas horas serán confirmados o descartados por las pruebas de laboratorio.
Comentó que la pandemia es un virus muy cambiante y en cualquier momento rápidamente puede cambiar de comportamiento, por lo que se debe estar muy atento a la evolución del virus.
Consultado sobre la cantidad pruebas que se aplican en La Paz, el exdirector detalló que hasta donde dirigió el Sedes se realizaban en promedio 500 pruebas, pero señaló que los resultados no se lo conocían de la misma manera.
El Sedes expresó su preocupación porque el incremento masivo de contagios en el Trópico de Cochabamba se debe a que la gente incumple las normas de bioseguridad, las medidas de distanciamiento físico. Además, de que la gente estaría ocultando sus síntomas y acude a los hospitales cuando la salud del infectado es crítica.
El protocolo para la transfusión del plasma hiperinmune con fines terapéuticos en COVID-19, fue autorizado por el Ministerio de Salud bajo consentimiento informado y estudio de resultados; sin embargo, al ser un tratamiento experimental, no todos los contagiados podrán recibirla, ya que dependerá de ciertos criterios médicos.
Entre otros pedidos, exigen la aprobación de una ley de arraigo que impida que cuando la presidenta Jeanine Áñez y sus ministros dejen sus cargos no puedan salir de Bolivia sin rendir cuentas.
El martes, el Servicio Departamental de Salud (Sedes) de La Paz confirmó el primer caso positivo de COVID-19 en el municipio de Coripata. Esa región se mantuvo en silencio epidemiológico desde la llegada de la pandemia al país.
La destitución ocurrió después que Sahonero denunciara públicamente la existencia de irregularidades en las planillas e ítems “fantasmas” en el Sedes de La Paz.
Los médicos tomaron muestras al bebé para enviarlos a laboratorio para confirmar o descartar COVID-19 y, según el Sedes, los resultados serán conocidos en las próximas horas.
La compra de los test quedó paralizada por la investigación en curso de presuntos actos de corrupción en la compra con sobreprecio de 170 respiradores por parte del Ministerio de Salud. Este hecho derivó en la intervención de la AISEM por parte de la Fuerza Especial de Lucha contra el Crimen (FELCC).
