Coyuntura
El MAS gana en cinco departamentos, CC en tres, y Creemos en uno.
De acuerdo a la lista, el país registra un promedio de 69,9 por cada 100.000 habitantes.
“Vamos a promover en forma inmediata el voto castigo contra un partido que le está quitando al pueblo el derecho de tener recursos para una mejor salud, esa es la decisión tomada y mañana con el piquete iniciamos nuestra cruzada por el voto castigo contra el MAS”, dijo Romero al portal Urgente.bo.
La acción de cumplimiento será resulta este 5 de octubre. Pero para Wayar, “la acción de cumplimiento que se ha planteado frente a una sala constitucional no va prosperar porque existe un curso una acción de inconstitucionalidad de la norma, es decir, es el TCP quien va resolver en definitiva si el TCP va aplicar o no una norma”.
El reglamento establece condiciones, requisitos y procedimientos para la acreditación de observadores, bajo un principio de flexibilidad para facilitar las labores de observación.
En redes sociales se difundieron videos en las que se fuego que amenazaba la planta de gas. SIn embargo desde YPFB informan que el fuego en los alrededores fue controlado. Aun hay dos comunidades con incendios forestales.
De acuerdo al Expediente 34474/2020 al que accedió el portal Urgente.bo, el 18 de septiembre la Comisión de Admisión emitió un documento que dice: “Cumple lo dispuesto, suscrito por Salvador Romero Ballivian, presidente del Tribunal Supremo Electoral - adjunta documental y CDS a Fs. 1100 - cargo de recepción por la unidad de registro de ingreso de causas del Tribunal Constitucional Plurinacional el 18 de septiembre de 2020 (sic)”.
El Fiscal General del Estado, que asistió a la Asamblea Legislativa a rendir un informe oral, fue enfático al señalar que “Nosotros no hemos cometido ningún error, hemos transcrito tal cual los delitos por los cuáles se está investigando y las normas, por las que se rige la Interpol, no están a disposición del Ministerio Público”.
En septiembre de 2017, asambleístas del MAS presentaron al TCP una acción abstracta de inconstitucionalidad contra cinco artículos de la Ley Régimen Electoral (026) y la inaplicabilidad de cuatro artículos de la Constitución Política del Estado (CPE), que tiene el objetivo de restituir derechos ciudadanos y políticos.
