Coyuntura
La consulta fue realizada con la finalidad de frenar la candidatura del expresidente Evo Morales a las ahora anuladas elecciones del 20 de octubre de 2019.
Los dirigentes de la Fejuve y la Central Obrera Regional (COR), que son parte del Pacto de Unidad, se encuentran decepcionados y molestos, pues los militantes de la regional del MAS de El Alto no los tomaron en cuenta para elegir a los candidatos a senadores y diputados para las elecciones del tres de mayo.
Esta mañana, el candidato a la Presidencia por la alianza Creemos, Luis Fernando Camacho, puso su candidatura “en blanco” y pidió al Comité Cívico de Santa Cruz convoque a una nueva reunión entre los candidatos presidenciales contrarios al Movimiento Al Socialismo (MAS).
Beller, mediante su red social, se dirigió a Camacho apuntando: “Ojalá termines de ser el hombre que todos esperábamos que fueras. Sin duda serás un héroe para la historia con esta gran final hazaña; y el futuro gobernador de Santa Cruz”.
En pasados días, el Comité Cívico Pro Santa Cruz amenazó con retomar movilizaciones en caso de que el Órgano Electoral habilite la candidatura del expresidente Evo Morales, sin embargo, en la víspera, el MAS se declaró en estado de emergencia y exige al TSE habilitar las candidaturas de Evo Morales, Luis Arce y Diego Pary.
El documento fue enviado el 6 de noviembre del 2019, dos días después, uniformados de la institución verde olivo comenzaron un motín en Cochabamba que se extendió en todo el país.
Según el partido que postula al binomio Arce- Choquehuanca, no existe razón para que los postulantes sean marginados de la carrera electoral.
El Presidente de YPFB recibió a la revista impresa Oxígeno para dar a conocer las bases de su gestión. Es muy crítico con la gestión de la planta de urea y busca generar oportunidades. "Es el peor capricho político", dijo sobre la planta cuyo futuro está por definirse.
Esta mañana, el ejecutivo se presentó a declarar en la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (FELCC) en Santa Cruz. Stelzer es uno de los 13 funcionarios que recibieron liquidaciones y finiquitos pese a no haber cumplido los 90 días de trabajo que establece la Ley.
