Bolivia – y gran parte de la región, con excepción de Uruguay y Chile – está sumida en una economía extorsiva profunda. Especialmente la boliviana. Esta práctica nociva impide, de una manera muy eficiente, que los indicadores económicos crezcan y lo hagan de una manera inclusiva. Esta conducta excrementicia está presente en cada momento de nuestra sociedad. Desde el momento en que uno pone un pie sobre la calle.
Extorsiona el transportista público con su deplorable servicio que además nos impone sus horarios, sus desmanes y sus torpezas como conductor, poniendo en riesgo la vida de sus pasajeros. Extorsionan los funcionarios responsables de tramitar desde un simple permiso hasta cualquier gestión compleja; extorsiona el policía en cada esquina y rotonda. Extorsionan los servicios de impuestos con multas irracionales en tiempos innegociables para pagar impuestos o, peor aún, multas o atrasos. Extorsiona la inseguridad jurídica que vulnera los derechos básicos de un emprendedor, de una pyme, de un microempresario que expone sus ahorros a una quiebra casi cantada, al no contar con el dinero extra para “aceitar” una maquinaria de facto malévola.
Extorsiona el contrabandista y el chutero que demandan la legalización de sus matufias en desmedro del mercado local y formal; extorsiona el comerciante que ingresa productos ilegales acogotando a la industria nacional que genera miles de empleos dignos en este país y que, por supuesto, además, elude cualquier carga impositiva escudándose en un régimen simplificado absurdo. Siendo que son los sectores informales que mayor volumen de dinero en negro mueven de manera diaria.
La extorsión es una mala compañera histórica de la sociedad boliviana que es perversa y que no es accidental ya que se sustenta en una política de privilegios en lugar de derechos: responde a un sistema político-electoral clientelista. Daña la confianza que alimenta el desarrollo, limita las posibilidades de intercambio de toda una sociedad, frena el crecimiento de capital humano, el ingreso de capitales frena la participación política, el ahorro, entorpece el crecimiento de empresas y achica la innovación, aprieta el tamaño del mercado, crea incertidumbre, aumenta costos, limita las posibilidades de especialización y de generación de alto valor agregado para el incremento de la productividad.
El debilitamiento de la democracia boliviana y sus instituciones está directamente relacionado con el crecimiento de la extorsión en todos los segmentos de la sociedad boliviana.
Esta práctica cultural expandida transversalmente en la sociedad ocasiona un efecto muy pernicioso sobre el desarrollo social y económico del país: Por un lado, su alta carga impositiva implícita funciona como un obstáculo a la inversión, pero también como un acelerador para la desigualdad. La extorsión se transforma en un durísimo obstáculo que limita la competitividad y la productividad en todos los eslabones de la economía.
Es errónea la percepción de que solo extorsiona el crimen organizado por medio de la violencia, el secuestro o las amenazas. También se extorsiona mediante cobros de cuotas y derecho de piso a nombre de movimientos sociales, de un sistema comunitario corrupto, de organizaciones sindicales y campesinas que cometen actos irregulares, como es el caso del Fondo Indígena o la pugnan por un edificio – torre política - entre los cocaleros de los yungas y los del Chapare. Ambas organizaciones extorsivas y ligadas al narcotráfico. Lo duro y delicado es que toda esta conducta extorsiva empieza en el ámbito individual y familiar donde se ha vuelto común en nuestra vida cotidiana.
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