Washington DC, (Guido Roberto Peredo Montaño Especial para Urgentebo). La mañana del 13 de febrero del 2003 el entonces alcalde de La Paz, Juan Del Granado, llamó por teléfono al entonces Ministro de la Presidencia, Carlos Sánchez Berzaín, para pedirle que frene la violencia y que se pacifique la ciudad. Ante el pedido, el brazo derecho del presidente Gonzalo Sánchez de Lozada respondió: “Señor Alcalde, si hay 5 ó 50 muertos no importa, vamos a resolver esto”.
Se trata de una conversación que tuvo lugar un día después de que policías y militares bolivianos se enfrentaron con armas de fuego en la plaza Murillo, como consecuencia de las medidas impuestas por Sánchez de Lozada: el impuesto al salario para todos y la reducción del presupuesto en contra de la Policía Boliviana. El motín del verde que empezó días antes en la misma plaza Murillo no pudo ser aplacado; el gobierno llevó a militares al Palacio de Gobierno, lo que desencadenó el enfrentamiento que fue sucedido por saqueos a instituciones públicas en diferentes ciudades. Así, el jueves 13 el país amaneció bajo luto y extrema tensión, pues habían muerto al menos 14 personas.
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Carlos Sánchez Berzaín fue ministro de la Presidencia, primero, y de Defensa, luego, en el segundo gobierno de Goni
En ese contexto, Del Granado llamó por teléfono a Sánchez Berzaín, quien le respondió con una negativa ya que él consideraba que estaba en marcha un plan conspirativo contra el gobierno de Goni. El dato de la llamada telefónica se encuentra en el documento acusatorio presentado contra Sánchez de Lozada y Sánchez Berzaín por organizaciones de Derechos Humanos de Estados Unidos en el caso: Masacre de Octubre-Eloy Rojas Mamani contra ambas exautoridades y al que tuvo acceso la redacción de Urgentebo.com. Eloy Rojas Mamani y Etelvina Ramos Mamani son padre de la niña Marlene Nancy, quien murió el 20 de septiembre en Warisata, de un disparo en el pecho, cuando se asomó a la ventana.
Ese y otros datos forman parte del juicio que ponen en evidencia la visión de Sánchez sobre el conflicto en Bolivia, durante la gestión de Goni, que ni bien asumió el mando, agosto de 2002, exigió un plan de shock a las FFAA para contener el estallido social que se activó el año 2000.
La demanda fue presentada por nueve familias bolivianas hace 10 años y finalmente fue admitida por el Juez Federal, James I. Cohn, que investigará el caso bajo la Ley de Protección para Víctimas de Tortura y Ejecuciones Extrajudiciales y en Masa (TVPAs siglas en ingles), a pesar de que Goni y Sánchez Berzain presentaron argucias legales para evitar que el caso de la Masacre de Octubre sea analizado bajo la TVPA.
Ubicada en el 299 de la Broward Boulevard, La Corte Federal ha convocado a testigos de los demandantes, entre ellos el ex alcalde, Juan Del Granado, quien debe presentarse ante el Juez Cohn a mediados del próximo marzo, y el exviceministro de Defensa Social, Víctor Hugo Canelas.
El juez Cohn, del Condado de Broward, en Florida, ordenó que los casos 07-22459 (de Berzaín) y el 0821063 (Goni) se lleven a juicio bajo el programa TVPA porque existen elementos suficientes para dictar sentencia bajo los cargos de cometer ejecuciones extrajudiciales y matanzas, así revelan documentos enviados a esta redacción por la Clínica de Derechos Humanos de la Facultad de Derecho de Harvard.
El alegato contra ambas autoridades contiene 68 páginas y en él hay declaraciones de testigos clave que fueron analizadas durante meses por el juez federal, quien llegó a la conclusión que debido al criterio de “Responsabilidad de Mando”, Sánchez Berzaín y Goni deberán asumir defensa en un juicio que podría durar entre seis meses y un año y cuyo veredicto podría implicar un pago millonario para indemnizar a las víctimas, sin descartar cárcel, o deportación.
El estilo de Sánchez Berzaín
Los documentos revelan que la administración de Sánchez de Lozada adoptó un plan de acción para enfrentar la inestabilidad política con el respaldo de las FFAA, por lo que los hechos del 12 y 13 de febrero, los que se iniciaron el 20 de septiembre y prosiguieron hasta el 13 de octubre guardan relación.
Entre las páginas 3 y 7 del sumario de la querella, los abogados de los acusados sostienen que ya en el gobierno de Hugo Banzer-Tuto Quiroga se diseñó un plan de acción para enfrentar la protesta social tras la 'Guerra por el Agua’ del año 2000. El Ejército y la Policía debían hacer uso masivo de fuerza. Ahí la defensa de ambos menciona a Víctor Hugo Canelas, ex secretario de Defensa Social, a quien la parte acusadora lo quiere como testigo. Sin embargo, extrañamente Sánchez Berzaín, mediante su abogado lo rechaza. El (Pie-de pagina 3-P3) dice: “No, V. H. Canelas es partidario del gobierno de Evo Mortales y quiere vengarse de Sánchez de Lozada, es del MAS”.
Durante los conflictos _cuyos mayores picos fueron Febrero Negro y la Guerra de Octubre_, no solo el ex alcalde Del Granado acudió al gobierno con el pedido de la pacificación del país y con el objetivo de generar un acuerdo que frene la violencia del estallido social de principios del siglo XX. En las páginas 5, 8, 12 y 16 del caso, se evidencia que Waldo Albarracín (expresidente de la Asamblea de Derechos Humanos y hoy rector de la Universidad Mayor de San Andrés) se reunió en Cochabamba con Sánchez de Lozada y que llegó a un acuerdo verbal, el que fue frustrado por Sánchez Berzaín, quien interrumpió la reunión.
Luego en las páginas 4 y 5 del mismo alegato se revela una conversación entre el Presidente y su ministro de Defensa, quien le dice: “Van a tener que morir 2 ó 3 mil, para solucionar esto”, al cabo del diálogo, Sánchez de Lozada acepta el plan de movilización de tropas¨. Es importante señalar que en el pie de página de ese documento, el juez anota: (La defensa de Sánchez Berzaín no objetó ni negó que haya hecho esas declaraciones y se sumaron esas declaraciones al alegato final (Pie. Pag6. Pagina5 y 4-Dis-.Berzain).
Entre las páginas 8 y 15 de documentos de la parte acusatoria, se revela que “ni bien apenas Goni entró al poder se pusieron en contacto con el General Juan Veliz Herrera para aplicar un plan de ‘choque y shock’ muy mejorado al de la anterior gestión gubernamental con el fin de garantizar la estabilidad a la gestión. Por ejemplo, debían usarse tropas de distintas unidades de Bolivia, para evitar que los soldados y policías se subleven, como había sucedido en la Guerra por el Agua, en Cochabamba, entre enero y abril del 2000.
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Alteños salen a las calles tras luctuosos hechos de octubre del 2003 (foto Martín Alípaz)
Ya en relación con los hechos de la Guerra del Gas, en un párrafo de la página 13 dice: “Sánchez Berzaín, el 10 de octubre, se reúne con el Alto Mando militar y con la Asociación de Surtidores de La Paz para pedirles que lleven combustible a la ciudad de La Paz, custodiados por tanques militares y policías. Eran los días de mayor conflicto social, la sede de gobierno estaba bloqueada, faltaban alimentos y los carburantes se agotaban. En ese marco, los dueños de la Asociación de Surtidores “niegan el pedido (…) por considerar que es ‘una operación de alto riesgo’, ya que cualquier confrontación podría generar una explosión de gran magnitud y matar a mucha gente”. Entonces, el ministro de Defensa responde: “Señores, van a haber muchos muertos, pero también habrá gasolina”. El sumariante pone en pie de página que Sánchez Berzain nunca negó estas declaraciones.
Los abogados de los demandados no negaron ni cuestionaron las declaraciones de Sánchez Berzain tras los hechos de Febrero y Octubre. Por el contrario, el acusado dice que fruto de ello fue removido de su cargo temporalmente.
El sumariante en la Corte Federal anota que en el caso de Sorata- Warisata ocurrido entre el 18 y 20 de septiembre, cuando se conoció el caso de turistas atrapados por el bloqueo de caminos, y mientras había una negociación con los campesinos, apareció Sánchez Berzaín al mando de un convoy militar. Señala que como supo persuadirlos, les gritó: “Indios de mierda les voy a dispar a matar”. En esos tiempos convulsos, la Iglesia Católica, la Asamblea de Derechos Humanos y el Defensor del Pueblo actuaban como facilitadores del diálogo; en la página 12 del documento, Goni y el ministro de Defensa declararon su apertura para “hablar sobre el gas, que se hable…. pero (precisaron que) si querían guerra… guerra iban a tener)
Las argucias del Zorro
En la página 34 del caso, los abogados de Sánchez Berzain intentan demostrar al juez que los reportes de inteligencia militar y policial de su gobierno detectaron a indígenas armados en Warisata y que ellos eran responsables de las muertes. Con esa base pidieron que no se analice este caso bajo la forma jurídica de Protección en caso de Ejecuciones Extrajudiciales
En la página 38, Goni y su exministro piden al juez que desestime el testimonio del Phillip P. Hayden, experto en balística, quien hizo un análisis del armamento y municiones empleadas en octubre y Febrero Negro. La pericia determinó que “todos los muertos y heridos recibieron disparos de armas que solo el Ejército o la policía boliviana podían tener” (Dep-Rep -Hayden-374-4).
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