Habitantes que somos de este Estado de no Derecho, asistimos impertérritos a una nueva violación de los derechos fundamentales de una ciudadana privada de libertad. Sí, me refiero a la expresidenta Jeanine Áñez recluida preventivamente tres años en la cárcel de mujeres de Miraflores sin todavía una sentencia.
Aunque el Gobierno, a través de Eduardo del Castillo asegure que el martes 19 de marzo Áñez se despidió “en vida” de su madre de noventa y cinco años, y el director de Régimen Penitenciario, Juan Carlos Limpias, afirme que por cuestiones de “confidencialidad”, la exmandataria viajó en un operativo especial, lo cierto es que todo resulta sospechoso cuando los abogados solicitaron un permiso para que asista al sepelio y la orden judicial no pudo ser ejecutada por “notificación extemporánea”.
Todo muy conveniente para un Gobierno de doble rasero empeñado en sostener la hipótesis del Golpe de Estado manteniendo en prisión a quienes, de algún modo, asumieron las riendas de un país al borde del colapso institucional. Es bien cierto que todo el proceso que condujo a la renuncia a la Presidencia de Evo Morales y el advenimiento de Jeanine Áñez al poder es dudoso. Por otro lado, el gobierno de Áñez está salpicado de escándalos de corrupción, nepotismo y excesos en la cacería de brujas contra el masismo que deben ser debidamente investigados y sancionados. Pero una cosa no quita otra y menos la justifica.
El Gobierno debería haber evitado a toda costa que la notificación del juez sea considerada extemporánea. Por supuesto, habrá quien defienda la independencia de poderes, pero en este caso es más que evidente que la orden judicial está intoxicada desde su origen, o sea la Casa Grande del Pueblo. Llegados a este punto, cualquiera con un mínimo de sensibilidad es consciente de que Luis Arce y compañía han cometido un error que puede llegar a pasarle factura si el caso se denuncia ante instancias internacionales, por ejemplo, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Es probable que ese sea el camino que emprendan los hijos de la expresidenta y sus abogados.
Al margen de estas posibles acciones, uno se pregunta si la tan cacareada democracia progresista que respeta las libertades individuales y preconiza los derechos humanos en el marco de una modélica (y no es sarcasmo) Constitución Política del Estado, no es más que la fachada de un sistema represivo que ha hecho de la venganza su carta de presentación. Al fin y al cabo, creo que ellos son los extemporáneos, es decir “impropios del tiempo en que un hecho sucede se hace” cuando la sociedad global, salvo excepciones de corte fundamentalista que hoy no merece la pena tratar, entiende el equilibrio de poderes, el contrapeso imprescindible en democracia y la necesidad de respetar a quien piensa diferente.
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